La Cámara de Diputados aprobó esta noche y giró al Senado un proyecto de ley por el que se crea un registro nacional de condenados por delitos contra la integridad sexual y un banco de ADN, que serán utilizados por la Justicia.

El proyecto fue aprobado por 120 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, tras una serie de demoras que hicieron pensar en que la sesión se caía por falta de quórum.

La presidente de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, la kirchnerista Nora César, indicó que la iniciativa garantiza los derechos individuales de las personas, ya que contempla que sólo jueces y fiscales tendrán acceso a la información.

Además, en el registro aparecerán personas condenadas con sentencia firme y no sospechosos, aclaró. Al respecto, apuntó que el proyecto es una herramienta de la criminalística, dado que entre otras cuestiones crea un banco de ADN que serán utilizados en futuras investigaciones judiciales para detectar a violadores que hayan cometidos delitos sexuales en forma reiteradas.

También explicó las diferencias entre un proyecto referido al mismo tema aprobado en el Senado y el que obtuvo esta noche la media sanción de la Cámara baja. César, una de las cofirmantes del proyecto, indicó que su propuesta establece la permanencia en el registro por diez años, mientras el del Senado dispone cien años. Además, otorga la posibilidad al delincuente sexual que se someta a un tratamiento de recuperación en forma optativa, lo que la otra iniciativa no contempla.

La diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, expresó su oposición al sostener que la norma es "objetable a nivel institucional" y desde el punto de vista "de la política criminal", al tiempo que consideró que el registro "vulnera la presunción de inocencia y la libertad de circular" de las personas.

En cambio, para el bloque Solidaridad e Igualdad el proyecto queda a salvo de ser declarado de inconstitucional porque deja el registro reservado al plano judicial, según el diputado Emilio García Méndez, quien remarcó que la preocupación de su bancada fue "cómo conciliar los intereses de las víctimas con los presupuestos democráticos de un estado de derecho y al mismo tiempo el accionar de la justicia".

El artículo 10 de la ley, según el oficialismo, zanja las dudas sobre la inconstitucionalidad, al establece que "toda la información existente en el registro será reservada pudiendo ser sólo requerida por los jueces, fiscales y tribunales de todo el país que intervengan en causas de delitos contra la integridad sexual o causas conexas a los mismos".

Agencia DyN