El dictador Jorge Rafael Videla se opuso hoy a ser extraditado a Italia para ser juzgado por delitos de "lesa humanidad" contra 27 ciudadanos de esa nacionalidad, en el marco del denominado "Plan Cóndor".

Videla, de 83 años, detenido desde hace cinco meses en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo, fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py de esta Capital, donde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le hizo saber del pedido de extradición.

Asistido por su abogado José Casabal Elía, Videla, quien llegó y se retiró esposado y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario, planteó la defensa de "cosa juzgada" porque a su criterio los hechos por los que es requerido por Italia fueron tratados durante el juicio a las juntas militares, conocido como "Causa 13".

Durante la audiencia "de identificación", se le notificó a Videla su "arresto preventivo con fines de extradición", una formalidad procesal, ya que el ex presidente de facto cumple prisión preventiva dictada en otras causas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El pedido de las autoridades italianas incluye a otros 58 represores, entre ellos los ex jefes militares Emilio Eduardo Massera y Domingo Antonio Bussi.

En el sumario sobre el "Plan Cóndor" -un pacto entre dictaduras de Sudamérica para perseguir a opositores políticos fuera de las propias fronteras- se investigan centenares de casos de delitos contra los derechos humanos, de los cuales 27 casos -casi todos desaparecidos- interesan a la justicia de Italia.

Canicoba Corral cumple con las formalidades de la solicitud debido a los tratados de asistencia recíproca con Italia y la ley 34.767, pero "es improbable -dijo una fuente- que se conceda la extradición, porque Videla es sujeto de varios procesos en la Argentina".

El dictador cumplía detención en su domicilio de la avenida Cabildo al 600, de esta capital, hasta que el 10 de octubre último el juez federal Norberto Oyarbide dispuso que siguiera cumpliendo prisión preventiva en la unidad 34 del SPF, en Campo de Mayo.

Oyarbide consideró entonces que esa unidad penitenciaria contaba con el "equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Además del sumario sobre el "Plan Cóndor", Videla también es investigado por la presunta existencia de un plan sistemático para la sustracción de recién nacidos durante la última dictadura militar y el secuestro a los empresarios Gutheim.

Agencia Télam