VIEDMA (AV)- La única actividad sustentable para la empresa Flavors y Cía SA durante los últimos años fueron los contratos millonarios con la provincia de Río Negro para el aporte de alimentos preelaborados para sus planes nutricionales. La confirmación llega ahora, con la publicación en el Boletín Oficial de la apertura del proceso concursal de la firma por parte del juez Héctor Ricardo Fragapane, del Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de la Primera Circunscripción de Mendoza.

La convocatoria se produce sólo cinco meses después de que el gobernador Miguel Saiz diera de baja a Flavors del Registro de Proveedores de Río Negro por las denuncias realizadas en relación con la calidad de los alimentos que entregaba para las escuelas, comedores y planes Comer en Familia del Ministerio de la Familia, que conduce Alfredo Pega.

Cabe presumir que idéntica situación se hubiera generado si Flavors, al competir en la frustrada licitación de mediados de 2008, hubiera sido superada por una oferta mejor de algún otro posible proveedor, ante la inexistencia de otros clientes.

Además de disponer la apertura del concurso preventivo de la sociedad inscripta en Guaymallén y con planta en General Conesa, se fijó el 16 de marzo para que la sindicatura integrada por los contadores Pedro Minoprio y Rodolfo Sícoli emita su informe. El 8 de abril se podrán efectivizar los créditos laborales con derecho a pronto pago que puedan reclamar en esta instancia los más de 60 trabajadores que cumplían funciones en la planta.

Hasta el 4 de agosto los acreedores podrán presentar las peticiones de verificación y los títulos pertinentes. Luego continúa el listado de fechas para la regularización de los trámites hasta el 28 de abril del año próximo cuando pueda desarollarse la audiencia informativa que se impone en estas situaciones.

A mediados de 2008 la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, inició una serie de denuncias que derivó en actuaciones judiciales a cargo del juez Pedro Funes y de la fiscal Daniela Zágari, por la supuesta comisión de delitos en la elaboración y contratación de productos alimenticios para proveer a la provincia con destino a sus planes nutricionales.

Esas denuncias derivaron en la suspensión de las licitaciones en las que Flavors pretendía presentarse para renovar sus contratos con el Estado rionegrino por valor de unos 150 millones de pesos. Poco después, y ante las resoluciones del Instituto Nacional de Alimentos dependiente del Anmat, que calificaron a la leche de Flavors como de baja calidad nutricional, entre otras irregularidades, el gobernador Saiz se vio obligado a retirar a la firma del listado de proveedores.

Como el contrato era la única actividad de la firma, unos 60 trabajadores fueron suspendidos, algunos encontraron nuevos empleos, pero la mayoría recurrió a la Justicia para accionar contra la empresa. Se generó un compromiso por parte de Flavors de abonar un garantizado. Ahora, en caso de que aún existan deudas laborales, el 8 de abril próximo se podría resolver el pronto pago a los obreros.