Siempre hay diferencias de enfoque entre el Poder Ejecutivo de turno, el que por razones evidentes propende a pensar en términos políticos, y el Judicial que en teoría por lo menos debería mantener una postura prescindente, pero sucede que en nuestro país y en muchos otros los roces resultantes suelen multiplicarse cuando se difunde la sensación de que un gobierno está acercándose al fin de su ciclo. Tanto las críticas fuertes de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la lentitud de la Justicia y por los "graves e inexplicables errores" que en su opinión ha cometido, como la réplica airada de la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay, que atribuye al gobierno las deficiencias del sistema local, reflejan el cambio de clima que se ha producido a partir de diciembre del 2007. Lo llamativo no es que haya discrepancias sobre las causas inmediatas de los muchos problemas de la Justicia, sino que hayan dado pie a una polémica tan amarga en que la presidenta acusa a los jueces en su conjunto de demorar con "sus constantes chicanas" los juicios a los acusados de violar los derechos humanos hace ya treinta años o más, y voceros judiciales contraatacan culpando al gobierno por no nombrar más jueces. Asimismo, muchos concuerdan con quien fue fiscal del juicio a las juntas militares, Julio Strassera, en que lo que quiere la presidenta es "monopolizar la bandera" de los derechos humanos por motivos netamente políticos, a pesar de que antes de la llegada al poder de su marido nunca manifestó interés alguno por el tema.

Según parece, los Kirchner creen que continuar impulsando los juicios a los vinculados con la represión de los años setenta sirve para garantizarles el apoyo de un sector minoritario pero así y todo influyente conformado por izquierdistas o familiares de las víctimas, además de ayudarlos a conservar una imagen "progresista" en el exterior. Puede que fuera así a comienzos de sus gestiones respectivas, pero últimamente se ha hecho tan grave el problema planteado por la falta de seguridad ciudadana que la voluntad de la presidenta de ver castigados a quienes cometieron crímenes cuando una proporción creciente de la población aún no había nacido se parece a un intento de distraer la atención de la realidad actual. Por lo demás, mientras que Cristina dice sentirse indignada por la morosidad judicial cuando de los juicios a presuntos represores ilegales se trata, los integrantes de la Corte Suprema pueden declararse igualmente escandalizados por la reacción nada satisfactoria del gobierno frente a fallos como el que le exigió apurar la puesta en marcha de un programa destinado a limpiar el Riachuelo.

La ofensiva de Cristina contra la Justicia coincide con la proliferación de denuncias por corrupción dirigida contra ella, su marido y miembros destacados del gobierno. En vista de que los Kirchner se han enriquecido a un ritmo asombroso a partir de mayo del 2003 y que diversos ministros y secretarios parecen haber conseguido aumentar sus propios patrimonios de manera notable, es sin duda natural que se hayan movilizado dirigentes opositores y abogados que están acostumbrados a mirar con sospecha la evolución de las finanzas personales de los dueños del poder político. Tal y como ha sucedido con tanta frecuencia en el pasado cuando un mandatario antes "hegemónico" ya no cuenta con la aprobación del grueso de la ciudadanía y, lo que puede ser más importante aún, la de la mayor parte de la clase política, es de prever que en los próximos meses la pareja presidencial tenga que luchar no sólo en la arena política sino también en la judicial. Así las cosas, las críticas vehementes e indiscriminadas con las que Cristina acaba de sorprender a los jueces podrían tomarse por los disparos iniciales de una batalla que no está en condiciones de ganar. Aunque en muchos casos sus reparos, por interesados que fueran, pueden justificarse, puesto que es innegable que en nuestro país la Justicia deja mucho que desear, a esta altura no le conviene en absoluto provocar un conflicto de poderes. En el 2003, enfrentarse con la Corte Suprema existente le fue útil a Néstor Kirchner; casi seis años después, la voluntad de su esposa de embestir contra la Corte no ayudará a "construir poder" sino a destruirlo.