Diez años atrás, el 25 de febrero de 1999, la Legislatura de Río Negro sancionó en segunda vuelta y por unanimidad la ley 3.280, por la que creaba el Seguro Provincial de Salud.

Culminaban así cuatro años de trabajo técnico y político desarrollado desde el Consejo Provincial de Salud Pública (CPSP) con la participación de legisladores, miembros de otras áreas del Ejecutivo, representantes de los trabajadores de salud y prestadores privados.

Un momento muy significativo de ese proceso fue la realización en mayo de 1998 del Encuentro Internacional sobre Seguro Público de Salud, en Bariloche, organizado por el CPSP y la Fundación Isalud (dirigida por Ginés González García). Allí se reunieron varios expositores nacionales y extranjeros, que aportaron a la discusión sobre el seguro como una alternativa de reforma profunda del sistema de salud, en la línea de construir un sistema unificado que concentrara el financiamiento de las prestaciones a todos los habitantes de la provincia a través de instituciones y prestadores públicos, privados y de la seguridad social.

Como era de esperar en un proyecto que ponía en cuestión la relación entre mercado y Estado, el manejo de importantes recursos financieros y el cambio de reglas de juego en instituciones bastante anquilosadas, fueron tiempos de intensa y por momentos turbulenta discusión.

Durante ese año de 1999 pudimos iniciar el desarrollo de la infraestructura técnica requerida para el proyecto, contando con financiamiento de un programa nacional de reforma de la seguridad social -cuya avanzada eran nuestra provincia y Salta-, así como redactar la propuesta de reglamentación de la ley.

En diciembre, además, asumiría el gobierno de la Alianza y resultaba auspicioso para nosotros que el Instituto de Políticas de la Alianza (IPA) hubiera difundido en junio del año anterior un documento en el que promovía el desarrollo de un Seguro Nacional de Salud, explicitando a nivel nacional varios de los conceptos fundantes de nuestro proyecto rionegrino.

Sin embargo, los hechos desmentirían nuestro optimismo.

Por una parte, al iniciar su segundo mandato la misma administración provincial que había impulsado sin reparos la idea y el proyecto del Seguro entre 1995 y 1999, en diciembre de ese año designó como secretario de Salud al hasta ese momento presidente de la Federación Médica provincial. Era parte de un acuerdo político con proyección electoral.

En el plano nacional, el ministro de Salud de la Alianza no tenía ninguna simpatía por el IPA, entre cuyos miembros se contaban muchos provenientes del Frepaso y radicales no delarruistas, y no se sentía comprometido ni obligado a llevar adelante el programa discutido en ese ámbito.

Las cosas luego serían peores, durante y después de la crisis del 2001.

Con el gobierno de Duhalde asumió el Ministerio nacional González García, quien nos había acompañado entusiastamente tres años antes. Había publicado además un innovador plan de gobierno para el sector. Su propuesta (que incorporaba varios aspectos que estaban previstos en nuestra ley provincial) generó amplia expectativa de avance en la transformación del sistema de salud, aun dentro de los límites que la crisis imponía. Pero, probablemente porque su principal sustento político en ese momento haya sido el sindicalismo (los "gordos"), administradores de la mayor porción del financiamiento del sector, o por la gravedad de la situación que le tocó afrontar, su gestión se volcó fundamentalmente al desarrollo de programas asistenciales, especialmente en el área de medicamentos. Nada de reformas estructurales.

La ley 3.280, mientras tanto, persistió... inaplicada. Nunca se reglamentó. Nunca se puso en vigencia. Tampoco se derogó.

Es imposible, y vano además, saber cómo hubieran sido las cosas si no hubieran sucedido como realmente sucedieron. Quizás (¡ojalá!) podríamos estar evaluando ahora los resultados de un modelo de organización y gestión innovador para el sector salud, mucho más eficiente, y al que seguramente a esta altura se le habrían realizado modificaciones con, probablemente, una activa intervención de la comisión legislativa de seguimiento que la ley establece.

Creemos que el sistema de salud podría estar hoy mejor financiado y, fundamentalmente, fortalecidas la capacidad de contralor, la calidad de los servicios y la capacidad de desarrollar programas preventivos y el primer nivel de atención. Podríamos estar evaluando los impactos relevantes sobre el estado sanitario: objetivo fundamental de la reforma propuesta.

Creemos que no fue poca cosa haber elaborado aquel proyecto y haber aprobado esa ley. En todo caso, una vez hecho debió cumplirse.

Lo más preocupante, porque excede a los alcances y la significación de esta ley en especial y porque es un fenómeno que afecta al ejercicio del poder delegado a los integrantes de los tres poderes del Estado, es el proceso por el cual la manifestación democrática y formal de la voluntad de los representantes del pueblo plasmada en una norma legal (aprobada por unanimidad) se convierte en letra muerta, como consecuencia de circunstancias y a través de formas subalternas respecto de la institucionalidad del Estado.

Especialmente si se considera el enorme riesgo de seguir degradando la calidad de la política en un país donde la política y las instituciones democráticas, muy debilitadas, parecen ofrecer cada vez menos respuestas a los problemas de la gente, al tiempo que su dirigencia se vuelve cada vez más autorreferencial.

Es muy peligroso que desde la política se banalice, en un sistema democrático, la obligación del apego a la ley.

JAVIER OSCAR VILOSIO (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas. Ex secretario de Salud de la provincia de Río Negro (1995-1999).