VIEDMA (AV)- El presidente del STJ y del Consejo de la Magistratura, Luis Lutz, consideró admisible la denuncia realizada por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en contra del juez Pedro Funes por su actuación en la causa de los alimentos preelaborados y designó al camarista cipoleño Edgardo Albrieu como auditor para llevar adelante la investigación interna.

El integrante de la Cámara de Apelaciones de Cipolletti fue notificado el lunes de la decisión de Lutz, quien se había impuesto cinco días hábiles luego de la reunión del Consejo de la Magistratura para resolver los pasos a seguir en el marco de la Ley 2434, artículo 31, inciso b. En principio, el presidente del STJ designó al auditor titular Pablo Estrabou para esa tarea investigativa de la actuación de Funes en la causa referida a la comida que elaboraba Flavors y Cía SA para los planes nutricionales rionegrinos.

Pero Estrabou fue integrante de la Cámara que resolvió en contra de Funes en una cuestión planteada por la fiscal del caso, Daniela Zágari. Por eso se excusó, lo que originó que Lutz recurriera a Albrieu para que lleve adelante la labor.

Ayer, "Río Negro" habló con el camarista quien confirmó la notificación y adelantó que por lo pronto no existen motivos para su excusación, anunciando que se hará cargo del expediente y que la semana próxima tomará el primer contacto. Dijo no tener ningún conocimiento de la causa más que lo que trascendió públicamente. Aunque admitió saber que es un tema complejo por las connotaciones políticas y de Estado que involucra, aclaró que "lo que debo analizar es la conducta de un juez, las cuestiones políticas van por otro carril".

Piccinini denunció en noviembre de 2008 supuestas irregularidades en la actuación del juez Funes en la causa de los alimentos. Consideró que el magistrado violó el secreto de sumario al notificar a Flavors de las actuaciones, que demoró la tramitación de la causa y que no se excusó por haber sido fiscal de Investigaciones Administrativas cuando se presentaron impugnaciones en la licitación de los alimentos.

Ahora Albrieu deberá investigar esos tres supuestos y, finalizado el sumario, elevarlo al Consejo de la Magistratura. Ese cuerpo tendrá que resolver si considera inocente al funcionario o si lo encamina hacia el juicio político.