SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El tribunal de la Cámara Segunda del Crimen ya comenzó a realizar los trámites para extraditar desde España al escribano Raúl Echevarría, prófugo de la justicia rionegrina, que lo condenó por 32 hechos de defraudación en perjuicio de la administración pública provincial y lo busca para juzgarlo por otros 64 hechos del mismo tenor.

A Echevarría lo detuvieron mientras manejaba por las calles de Madrid, luego de que un patrullero de la policía Municipal le pidiera que se identificara para labrarle un acta por una presunta infracción de tránsito.

Al ingresar sus datos en la computadora habría surgido el pedido de captura librado por Interpol, y quedó detenido cuando sólo faltaban ocho meses para que prescribieran las acciones penales en su contra, y apenas dos meses para que se cumpliera el plazo que lo inhabilitaba para desempeñarse como escribano.

La Cámara Segunda ya redactó el exhorto diplomático para reclamar la extradición de Echeverría, pero mientras tanto los abogados del escribano realizaron planteos respecto de la prescripción de los hechos reprochados, circunstancia que será materia de análisis antes o después de la extradición del sospechoso.

El 20 de mayo de 1999 lo condenaron a tres años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación por 32 hechos de defraudación, en un fallo dividido donde los jueces César Lanfranchi y Héctor Leguizamón votaron por la condena y el juez Alejandro Ramos Mejía propuso que lo absolvieran.

Recalificación

Antes, el fiscal Enrique Sánchez Gavier, en un recordado alegato, recalificó la causa, pidiendo que la encuadraran como defraudación reiterada agravada, "porque una cosa es cometer un delito continuado y otra continuar cometiendo delitos", y pidió que le impusieran ocho años de prisión y lo inhabilitaran a perpetuidad.

Le reprochó al escribano que "tenía la vaca atada, la principal escribanía de la provincia, sin dificultad para ganarse el sustento y de los suyos", y la "peligrosidad y voracidad evidenciada al pretender desincriminarse echándole la culpa a un muerto, jugando con su honra".

El 25 de abril de 2000 la jueza Silvia Baquero Lazcano encarceló a Echevarría, cuando ya había sido condenado y debía responder por otros 62 hechos similares, pero sólo pasó dos semanas en la alcaidía y dos días en el hospital. Después sus abogados apelaron la prisión preventiva y los jueces Carlos Rozanski y Alfonso Pavone revocaron la medida, contra la opinión del juez Marcelo Barrutia, quien consideró que "es previsible que una vez en libertad trate de eludir la acción de la justicia".

Por lo que trascendió ahora, una simple infracción del tránsito puso fin a su libertad.