NEUQUÉN (AN).- La recompra de acciones de Transportes Aéreos Neuquén (TAN), anunciada por el ex gobernador Jorge Sobisch como un logro y hasta como un favor que le hacía a su sucesor a poco de dejar el Poder Ejecutivo, sorprendió, principalmente, porque nunca quedó claro cuál fue el beneficio de adquirir una empresa vaciada, sin activos y en medio de un concurso de acreedores. El proceso judicial que avanzó en paralelo, la jueza que sigue la quiebra hizo lugar a una presentación de la sindicatura y decretó la inhibición general de los bienes del ex gobernador, del ex ministro Jorge Lara y de quien llevó adelante la operatoria, el ex asesor general de Gobierno, Jorge Brillo. Fue el 27 de febrero y por el total de los pasivos de TAN, 8.200.000 pesos, con la particularidad de que el principal acreedor es la provincia.

Si bien la jueza decretó la inhibición, la ley de quiebras obliga a que los acreedores aprueben la medida. La provincia concentra cerca de un 30% de las acreencias, por lo que todo quedará sujeto a la respuesta que dé el fiscal de Estado dentro de los 10 días siguientes a la notificación que se cursó ayer.

En los primeros días de febrero, el síndico Ricardo Benítez, a través de los abogados Ricardo Meneses y Marcelo Montero Etchemaite, hizo dos presentaciones ante la jueza a cargo del juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y de Minería 1 de Neuquén, Paula Stanislavsky. La primera fue un pedido de extensión de quiebra a Aero Regional SA, Vuelos del Sur SA y a los integrantes del directorio de "la fallida", tal como se denomina en el expediente a TAN luego de decretarse la quiebra a mediados del 2008 por el incumplimiento del concurso de pagos.

La sindicatura promovió luego una acción de responsabilidad contra la provincia en cuanto Estado, y en forma solidaria contra Sobisch, Lara y Brillo. La jueza resolvió que correspondía hacer lugar a la presentación y decretó "la inhibición general de los bienes de Jorge Omar Sobisch, Jorge Brillo y Jorge Antonio Lara", según consta en el expediente de la causa.

Las responsabilidades que la sindicatura le atribuye a los tres funcionarios y a la gestión de gobierno no sólo tienen que ver con la recompra de la empresa, sino también con el proceso de vaciamiento (ver aparte). "Con su inacción, en abierta violación a las leyes vigentes, permitió un vaciamiento sistemático del patrimonio de la sociedad", se indicó en la demanda presentada en febrero y que consta en los expedientes de la quiebra.

Consultado por "Río Negro", Meneses explicó que "cualquiera de los cuatro demandados" podría pagar la cifra que se exige. "Espero que la provincia no salga a votarnos en contra de la acción de responsabilidad, porque se caería y sólo seguiría la extensión de la quiebra", explicó el abogado de la sindicatura.

LUCIANO MAGGIO

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