Mientras desde la Justicia se intentó bajar decibeles en el contrapunto por el retraso de algunas causas, el gobierno embistió a fondos contra un juez y una fiscal, promoviendo su juicio político por presunta negligencia en el ejercicio de sus funciones.
En tanto, el titular del Colegio de Magistrados bonaerense, Carlos Lami, afirmó que la Justicia es "la Cenicienta" de los poderes del Estado.
El ministro decano de la Corte Suprema, Carlos Fayt, aseguró ayer que "no hay conflicto de poderes" por el debate sobre la Justicia, pero sostuvo que "el país necesita serenidad, reflexión, inteligencia", ya que una polémica de este tipo "no ayuda para nada".
En ese marco, Fayt señaló que lo que precisa el país es "un Estado y una Corte inteligentes".
De tal manera, el juez salió a bajar los decibeles de la discusión en la que se involucró la propia presidenta, Cristina Fernández.
No obstante, Fayt elogió a la Corte y a la Justicia en general: "Este Poder Judicial esta haciendo cosas que jamás se hicieron y ésta es una buena Corte", aseveró. El juez avaló y compartió días pasados las críticas vertidas por su colega Carmen Argibay, que abonaron la discusión entre funcionarios, jueces, políticos y representantes de otros sectores sociales.
En ese marco, aseguró que "no hay conflicto de poderes" y advirtió que "el país necesita serenidad, reflexión e inteligencia", con "un Estado y una Corte inteligentes". Esta polémica, alertó entonces, "no ayuda para nada".
Desde el gobierno, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, se reunió con legisladores bonaerenses para impulsar el juicio político del juez Rafael Sal Lari y a la fiscal de Tigre, María del Carmen Gigante, según informaron fuentes gubernamentales.
"También depurando la justicia vamos a contribuir a pelear contra la inseguridad", argumentó Massa. Aseguró que hay "un violador suelto en Tigre por los errores y la ineficiencia de una fiscal, la doctora Gigante, y tenemos una banda que robó el Banco Río de Acasusso que está libre por la incapacidad de un juez, el doctor Sal Lari".
Por su parte, Lami advirtió que "el Poder Judicial no puede fijar sus montos, su presupuesto lo somete a consideración de otros poderes y la constante es que se lo recorten, tampoco podemos fijar nuestros sueldos". También aclaró que "no es cierto que sobren o que haya recursos" para afrontar el combate contra el delito, y puso como ejemplo a los tribunales civiles de Morón, San Martín y San Isidro, que tienen "el mismo plantel de hace 35 años". (DyN)
