SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La rebaja salarial para el personal político anunciada el jueves por el intendente Marcelo Cascón quedará limitada al Ejecutivo municipal, a juzgar por las primeras reacciones surgidas en el Concejo y en el Tribunal de Contralor.

El presidente del Deliberante, Darío Barriga, consideró que se trata de una medida "demagógica" y dijo que en su caso no está dispuesto a ceder parte de sus haberes "para que los maneje el intendente y siga repartiendo subsidios".

El enojo de los ediles tiene que ver con el supuesto dispendio del gasto, que en las últimas semanas fue motivo de severos cuestionamientos, con blanco principal en las casi 100 contrataciones políticas que le atribuyen a Cascón. El intendente informó el jueves sobre un plan de reducción del gasto político, que incluirá la supresión de cargos y un ajuste del 20% sobre su remuneración y la de sus colaboradores. Invitó también a aplicar el mismo recorte a los otros poderes.

Barriga dijo que el ahorro debería empezar con la reducción de contratos y no con los sueldos. "Después de casi un año de gestión no creo que el sector político tenga que pagar la mala administración", opinó. Observó que si el intendente va a plantear un ajuste del gasto "debería acompañarlo con una reestructuración del presupuesto".

Su compañero en el bloque SUR, Hugo Cejas, dijo que antes de hablar de recortes "es necesario sincerar la situación financiera". También recordó que existen obstáculos técnicos para reducir los sueldos del intendente y del personal político porque la Carta Orgánica dice que nadie puede tener una remuneración mayor que la del titular del Ejecutivo.

Hoy el intendente cobra 7.200 pesos de bolsillo y tanto sus secretarios como los concejales perciben un 90% de esa suma.

Consultado sobre la propuesta de Cascón, el edil del ARI Darío Rodríguez Duch dijo que "primero habrá que ver los efectos de la reducción en el Ejecutivo", para evaluar luego si corresponde extenderlo al Concejo. A su juicio, el intendente sólo tendría "autoridad moral" para plantear una rebaja generalizada "si empieza por reducir su planta política, que hoy ronda los 98 agentes".

Sólo la concejal oficialista Laura Alves se mostró dispuesta a estudiar una eventual rebaja en sus haberes. Otros concejales dijeron que la figura no debería ser la rebaja sino la donación, con la posibilidad de que cada uno la dirija al área u organismo que desee.