La presidenta Cristina Fernández reclamó en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso "mayor agilidad" a la Justicia ante los juicios que tienen que ver con los derechos humanos. Ahora, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, le retrucó pidiéndole más dinero para que se pueda hacer frente a la ola inseguridad.
Desde Mendoza, la magistrado insistió en que las demoras de la Justicia se deben a la falta de presupuesto y culpó a los poderes Ejecutivo y Judicial por rechazar los pedidos de más plata.
De esta manera, Argibay le contestó duramente a la Presidenta en su pedido de acelerar las causas por delitos de lesa humanidad.
"Yo creo que todos los juicios deben acelerarse. No solo los juicios a represores sino todos. Pero yo le diría a la señora Presidenta que además ella lo sabe", disparó la magistrado según consignó ayer el portal mendocino DiarioUno.
Y detalló: "No tenemos infraestructura, no tenemos jueces y no tenemos dinero para pagar a los empleados y toda la parte informática".
Según explica la versión digital del periódico mendocino, Argibay llegó a Mendoza para participar del acto de apertura del año judicial, que se realizó en el Palacio de Justicia.
En la conferencia de prensa que dio luego, la jueza dijo que "(la Presidenta) dice que el Ejecutivo y el Legislativo ya hicieron todo y que ahora es la hora de la Justicia. Esto no es cierto. Ambos poderes nos recortaron el presupuesto y ahoras les tuvimos que pedir que si quieren que aceleremos los juicios, primero nómbrennos los jueces".
Los cruces entre ambos poderes se enmarcan en la falta de respuesta ante un reclamo social que exige a la dirigencia un freno a la ola de delitos que en los últimos días tuvo hechos impactantes. Esta situación se agravó ayer con la liberación de un violador. (Ver pág 34)
El jefe de gabinete, Sergio Massa, contribuyó ayer con sus dichos a tensar más la relación con el poder Judicial. Atacó a la la Justicia "por liberar y no condenar" a los delincuentes"
En contrapartida, Argibay reclamó políticas sociales de "inclusión social y educación", con las cuales, dijo, habría "la mitad" de delitos.
Además, la magistrada advirtió que es "gravísima" la situación en materia de inseguridad y se pronunció contra la pena de muerte y la baja de la edad de imputabilidad de los menores.
Massa, consultado sobre una autocrítica del Gobierno en el tema, expresó que "hay que profundizar al máximo la tarea de coordinación entre las jurisdicciones", una tarea que le compete al ministro Seguridad, Aníbal Fernández, "y exigirle más resultados a la Justicia".
El jefe de Gabinete de Ministros dijo además que Fernández es "responsable con la difusión de la información que tiene" sobre el índice de inseguridad, por ser "un tema muy sensible". (DyN)
