Después de los ataques terroristas del 2001, el gobierno de George W. Bush decidió que determinados derechos constitucionales no se aplicarían a medida que EE. UU. intensificaba su respuesta al terrorismo, según documentos difundidos públicamente por primera vez en esta semana.
En nueve opiniones legales reveladas el lunes por el gobierno de Barack Obama, el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush se atribuyó poderes excepcionales.
Apenas dos semanas después de los ataques del 11 de setiembre, los abogados del gobierno ya discutían los medios de interceptar sin autorización judicial conversaciones dentro del país. El gobierno de Obama también reveló documentos según los cuales la CIA destruyó casi 100 videograbaciones -muchas más de las que se sabía- de interrogatorios y otros tratamientos a los sospechosos de terrorismo. Legisladores demócratas y otros críticos defensores de los derechos humanos han denunciado que algunas de las técnicas de interrogatorio equivalían a tortura, lo que Bush y otros funcionarios negaron en su momento.
El gobierno republicano abandonó después muchas de las conclusiones legales, pero mantuvo los documentos en secreto.
"Demasiado a menudo, durante la década pasada, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el secretario de Justicia, Eric Holder. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa", agregó.
Los memos legales escritos por la Oficina Legal de la Presidencia durante el gobierno de Bush revelaron los dilemas del Estado para luchar contra el terrorismo en un mundo cambiante.
La conclusión, reiterada en página tras página, fue que el presidente tenía amplia facultad para dejar de lado derechos constitucionales. Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra búsquedas y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron mientras Bush combatía el terrorismo, dijo el Departamento de Justicia en un memo del 23 de octubre del 2001.
"Los derechos de la Primera Enmienda de libertad de palabra y de prensa también podrían quedar subordinados a la necesidad prevaleciente de librar la guerra sucesivamente", escribió el ex subsecretario de Justicia, John Yoo, y añadió que "la actual campaña contra el terrorismo podría requerir ejercicios de poder federal aun más amplios a nivel nacional". El 25 de setiembre del 2001, Yoo discutió posibles cambios a las leyes sobre intercepciones telefónicas para espionaje. En ese memo, dijo que el interés del gobierno por mantener segura a la nación de ataques terroristas podía justificar registros sin órdenes de allanamiento. Ni Yoo, hoy profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, ni el ex secretario de Justicia, Alberto Gonzales, que dirigió la Oficina Legal cuando se escribieron muchos memos, respondieron mensajes en busca de comentarios.
? Desmilitarizar la política exterior. Otro cambio de rumbo que debería intentar el nuevo presidente será fortalecer la capacidad civil de EE. UU. como componente crítico de su política exterior y estrategia de seguridad nacional, que han descansado mayormente en el poderío militar, según un estudio de más de 20 organizaciones civiles.
La compilación analiza los dos últimos años de diplomacia estadounidense con más de 2.000 páginas e ideas de unos 500 expertos y fue difundida por el Center for US Global Engagement (o Centro para el Compromiso Global de Estados Unidos) bajo el título "Poniendo a trabajar el poder inteligente".
Y dice que el gobierno de Obama debe considerar siete acciones para encarar los retos globales del siglo XXI.
? Formular una amplia estrategia de seguridad nacional o desarrollo global que articule y mejore el papel del desarrollo y diplomacia junto a la defensa.
? Incrementar sustancialmente los fondos y recursos de agencias y programas dirigidos por civiles, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado.
? Mejorar y agilizar el aparato de ayuda exterior estadounidense a fin de fortalecer la coherencia y coordinación de políticas y programas.
? Reformar la participación y supervisión del Congreso, incluyendo la actualización de la ley de ayuda exterior, de los años 60.
? Integrar los instrumentos civiles y militares para enfrentar casos de estados debilitados y frágiles.
? Pasar a las dependencias civiles ciertos niveles de decisión de actividades de ayuda exterior actualmente bajo el Departamento de Defensa, y
? Fortalecer el apoyo estadounidense a organizaciones internacionales y otros instrumentos de cooperación internacional.
DEVLIN BARRET, MATT APUZZO Y NÉSTOR IKEDA / AP
