NEUQUÉN (AN).- El Poder Ejecutivo presentó ayer el primer proyecto de ley del período ordinario de sesiones que habilitó el domingo el gobernador Jorge Sapag. Se trata de un plan productivo a diez años que, a modo de "política de Estado", buscará pasar de "una economía basada en la actividad hidrocarburífera a una más diversificada e integrada verticalmente, con predomino de la actividad agroindustrial".
No es la primera vez que un gobierno provincial se plantea el desafío de abandonar la subordinación de la economía a las actividades extractivas. Los antecedentes más cercanos son, durante el último gobierno de Jorge Sobisch, el plan del entonces secretario de Producción, Marcelo Fernández Dotzel; y en el período 1995-1999, el denominado "Neuquén 2020", que ideado por el entonces secretario del Copade del gobernador Felipe Sapag, Ramón Martínez Guarino, proponía el cambio de la matriz productiva en un plazo que vencía justamente en ese año. Ninguno logró sus objetivos y no pasaron de programas sectoriales con más o menos éxito.
Desde gobierno, durante la elaboración del proyecto el año pasado y previo a su presentación oficial en diciembre, advirtieron que, ante las fallidas experiencias, era necesario dejar sentado por ley que el plan debía continuar más allá de la actual gestión. Ayer ingresó el proyecto a la Legislatura y será analizado en las comisiones, pero la premisa fundamental es garantizar el apoyo a los programas que, divididos en ocho áreas, servirían de base para abandonar la dependencia de los hidrocarburos.
El plan, según los fundamentos del proyecto de ley, fue elaborado a partir de acuerdos sectoriales que incluyeron a referentes de todos los sectores: la provincia, los municipios y actores no gubernamentales como asociaciones, organizaciones civiles, empresas y referentes de la comunidad académica, educativa y científica. "Se ha puesto en marcha una serie de plataformas de acuerdos sectoriales, concebidas como espacios de búsqueda consensos y de definición de compromisos, políticas y acciones entre actores clave", se apuntó.
El objetivo de la apertura amplia del debate fue el de "fijar políticas de Estado para la asignación de recursos públicos provenientes de fuentes no renovables".
El proyecto fija también las obligaciones que tendrá el Iadep en cuanto a la asignación de recursos y compromete la inyección de fondos en montos anuales decrecientes, desde los 46 millones entre 2009 y 2012 hasta 22 millones entre 2016 y 2018.
Si se cumple, el ente de desarrollo provincial deberá aportar cerca de 400 millones de pesos en la próxima década para subsidiar tasas de interés, entregar créditos, integrar fideicomisos a través de la Fiduciaria Neuquina SA y financiar la asistencia técnica para "proyectos de interés estratégico".
La autoridad de aplicación del plan sería el Ministerio de Desarrollo Territorial conducido por Leandro Bertoya.
