Desde el estallido de la crisis financiera, el gobierno de los Estados Unidos ha inyectado miles de millones de dólares en el sistema bancario con aportes de capital. Si bien al principio el Estado capitalizó esos fondos mediante acciones preferenciales, sin derecho a voto en el directorio, ahora acaba de convertir en acciones comunes -con derecho a voto- el 36% del capital del Citigroup. Para los representantes del Partido Republicano, se trata sencillamente de una "nacionalización", una palabra prohibida en el lenguaje económico de los norteamericanos.
En el transcurso de la Conferencia de Acción Política Conservadora, los republicanos criticaron al presidente Obama acusándolo de "europeizar" a los Estados Unidos. Hacían así velada referencia a la política de nacionalizaciones bancarias emprendidas en los años ´80 en Francia por el gobierno socialista de François Mitterrand y que fue luego rápidamente abandonada. El titular de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvo que salir a aclarar a los congresistas norteamericanos que la actual administración no pretende "nacionalizar" el sistema financiero, y que se trata de una simple medida coyuntural para afrontar la crisis.
Sin embargo, la indudable responsabilidad del sector financiero en el origen de la crisis y los obstáculos que está poniendo a la hora de ofrecer crédito para reducir sus efectos, plantean algunas preguntas incómodas para los banqueros. Numerosos gobiernos europeos acusan a la banca de no dar suficiente crédito. Las entidades financieras se defienden afirmando que frente a una economía en retroceso no hay demanda solvente y que sería irresponsable prestar a empresas que están pasando dificultades. Se hace visible entonces la contradicción entre la función social que debe cumplir la banca, canalizando el crédito a las empresas, y la reticencia de los banqueros a poner en riesgo su cuenta de resultados.
El desmantelamiento de la banca pública fue una de las labores que con más entusiasmo se llevaron a cabo en la década del 90, en pleno auge de la ideología del fundamentalismo de mercado. Pero esa radical extirpación de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se le requiere al sistema bancario para que contribuya a paliar la crisis.
Para el profesor español José Manuel Naredo, tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen de éstos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en España, en 1995, el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en el 2007 ya lo quintuplicaba, con lo que han sido cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados.
Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. El profesor Naredo opina que en este caso sería razonable aprovechar tan enorme esfuerzo para restablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.
El rol del sistema bancario en la prometida "reestructuración" del capitalismo, y la necesidad de contar con una fuerte estructura bancaria oficial compitiendo con la banca privada, es una de las cuestiones centrales en el debate que se avecina. Debemos recordar -algo que los argentinos aprendieron dolorosamente durante la convertibilidad- que el sistema bancario crea más dinero que el propio gobierno, a través del efecto del multiplicador bancario.
Ahora bien. El debate intelectual sobre esta cuestión estratégica, en la Argentina debe ser tomado con pinzas. La desastrosa experiencia que ha dejado una banca pública utilizada para alimentar el clientelismo más escandaloso -con la retahíla de créditos incobrables del Banade y de los bancos provinciales quebrados- no permite contemplar un retorno al pasado. Mientras la administración pública nacional y provincial siga siendo el reservorio de las clientelas electorales, mientras no tengamos una administración meritocrática profesionalizada e independiente, cualquier aventura nacionalizadora -sea de bancos o del comercio exterior- equivale a un suicidio garantizado.
Los considerados "progresistas", que desde una sensibilidad de izquierda apoyan a este gobierno, deben tomar conciencia de que los métodos de construcción de poder utilizados por el matrimonio presidencial han llevado al paroxismo las prácticas clientelares con grave deterioro de la función pública. Mientras en la Argentina no se reconozca el valor estratégico de la calidad institucional, entendida fundamentalmente como profesionalización de la administración pública, cualquier pretensión de aumentar los niveles de responsabilidad del Estado serán verdaderos saltos al vacío.
ALEARDO F. LARÍA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado y periodista
