El Gobierno de Estados Unidos publicó una nueva versión de un informe sobre narcotráfico en el que aclara que la ley de blanqueo de capitales vigente en la Argentina "satisface los requerimientos internacionales" de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.
"La reglamentación de la ley aclarará que las operaciones alcanzadas estarán sujetas a las normas relacionadas con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirá presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo".
En la nueva versión del informe anual realizado por el Departamento de Estado, la Cancillería estadounidense, se destaca además que "altos funcionarios del gobierno" argentino "han indicado que van a garantizar que toda la legislación, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones del país como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD)".
De este modo, se resuelve un entredicho entre la Casa Rosada y el Departamento de Estado respecto de la publicación original del informe, donde no se tenía en cuenta la reglamentación aplicada por la AFIP sobre el blanqueo de capitales y se denunciaba que a través de esa ley se podría estar facilitando el lavado de dinero del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
La actualización del Informe Internacional Sobre la Estrategia de Control de Narcóticos de 2009 fue difundido por la Embajada estadounidense en Buenos Aires debido a que "por razones técnicas relacionadas con las malas condiciones climáticas en Washington" el estudio no pudo ser publicado en la página central de la web del Departamento de Estado.
La difusión de este nuevo informe, que cubre hechos ocurridos en el 2008, coincidió con la puesta en vigencia de la Ley de Repatriación de Capitales, criticada por la oposición por entender que facilita el ingreso de fondos de origen ilícito. La corrección incluyó además una puesta en boca de la oposición los comentarios críticos hacia la ley que en la versión anterior se atribuía directamente en Departamento de Estado.
"En virtud de esta ley, las autoridades fiscales tienen prohibido indagar la procedencia de los fondos declarados, y algunos críticos han expresado preocupación debido a que esto podría facilitar el lavado", indica el nuevo informe. Insiste, además en que la ley de Blanqueo "para combatir la fuga de capitales y alentar la repatriación de estos miles de millones no declarados" que se encuentran "fuera del sistema financiero formal (fuera o dentro del país)", de los cuales "gran parte fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron los correspondientes impuestos". (AFP/DyN)
