El ex auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, dijo que dejó el cargo porque se hubiera sentido "amordazado" actuando bajo la presidencia de Luis Lutz en el Superior Tribunal, y porque temió haber sido visto "como un encubridor de hechos respecto de los cuales siempre he querido marcar la más clara distancia". Además, afirmó que "no hay razón para que todavía no se haya abierto una investigación penal sobre el presunto enriquecimiento ilícito" del legislador Daniel Sartor, denunciado admnistrativamente por la Defensora del Pueblo.

Martínez habló con "Río Negro" luego de que este diario aludiera a su dictamen en la investigación pedida por el ministro Rodríguez sobre la causa que investiga a policías por presunta connivencia con proxenetas de Roca y Valle Medio. Allí se decía que Martínez dejaba el cargo por no haber logrado el acuerdo de los jueces del STJ para su continuidad.

"Aclaro que podía efectivamente haber continuado como auditor general pese a la oposición del juez Lutz, que al respecto estaba en minoría", dando a entender que Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas acordaban en su continuidad. Añadió que "no quise hacerlo porque en el marco en que me iba a tocar desempeñar el cargo bajo su presidencia, sin autonomía, privado hasta de las facultades más elementales, prácticamente amordazado, creo que se me hubiera visto como un encubridor de hechos respecto de los cuales siempre he querido marcar la más clara distancia. Además, los hechos cada vez más me fueron persuadiendo de que puedo hacer mucho más desde fuera del Poder Judicial", dijo.

- Sus palabras reflejan inquietudes muy graves sobre la Justicia: ¿puede dar precisiones?

- Lo que más me preocupa es el doble discurso o, más aún, la falta de correlato de lo que se dice con lo que se hace por parte de algunos componentes del Poder Judicial que lamentablemente pueden operar, porque los mecanismos institucionales de corrección fallan, creando en los hechos un sistema de premios y castigos que generalmente funciona al revés. Hace poco leí una enfática defensa de la independencia de los jueces y la transparencia de quien lo decía, porque declaraba públicamente sus bienes. Sin embargo no ha trepidado en ocultar mucha información, como lo que efectivamente ganan en cada caso jueces y funcionarios, cuestión que indiscutiblemente afecta la credibilidad de la Justicia generando las más variadas sospechas.

- ¿A qué caso se refiere?

- Hablo de cuando se rechazó informar precisamente al diario "Río Negro" sobre quiénes perciben en el Poder Judicial el adicional MIG y cuánto en cada caso. Pero, además, si no fuera trágico generaría risa que alguien se pretenda erigir como adalid de la Justicia independiente cuando cotidianamente se viene exhibiendo en actitudes que permiten verlo más que como juez como un operador político. Justo en momentos en que la sociedad espera que la Justicia aclare las múltiples y gravísimas denuncias que son de dominio público e involucran a altas autoridades del poder político, como el caso Flavors, el de los medicamentos o la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Sartor, por citar algunos.

- ¿Se refiere a la denuncia contra Sartor que todavía no llegó a la Justicia?

- Claro. No hay ninguna razón jurídica por la cual no se haya iniciado aún una investigación sobre ese tema. El enriquecimiento ilícito es un delito -precisamente es una figura creada por un argentino, Ricardo Núñez-. Cualquier fiscal podría haber actuado incluso de oficio en relación con el tema. No hay ningún motivo para que esperen a ver qué hacen la Legislatura o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con la denuncia de la Defensora del Pueblo, ya que son ámbitos distintos que analizan responsabilidades distintas. Y los fueros no corren para iniciar la investigación, sólo si hubiera que detenerlo habría que desaforarlo.

- En el comienzo usted aludía a la información publicada sobre su dictamen en relación con una investigación notoria, sobre la Policía, y usted fue muy crítico del jefe de esa fuerza, Víctor Cufré.

- En relación con la denuncia a Cufré no voy a dar información sobre la prueba colectada, pero sí me parece oportuno hacer conocer que hace casi un mes formulé una denuncia por los gravísimos hechos que surgían de aquella causa, obligando, a mi entender, a la más profunda y urgente investigación penal.

- ¿Falta coraje en jueces o fiscales?

- Sí, sí. Falta coraje en algunos casos.

- Podría suponerse que, si quienes intervienen en causas que involucran a gente de poder, no se atreven a procesarlos o a condenarlos es porque no se sienten respaldados por el sistema.

- Y no. No están respaldados.

- Su visión entonces, sobre la Justicia rionegrina, es bastante negativa.

- La justicia no puede escindirse de lo que es la sociedad. Pero no generalicemos. Es de destacar la labor de organismos como las oficinas de atención al ciudadano, en particular las de Roca, Cipolletti y Viedma, en las que una sola persona cumple una labor titánica. Y hay que decir que en las inspecciones he podido ver cómo muchos jueces, funcionarios y agentes del Poder Judicial cumplen su función en forma abnegada y eficiente, y seguramente los menos pueden ser sujetos de crítica. Lamentablemente, son estos los que más trascienden y terminan definiendo la imagen de la Justicia. Por eso sería muy bueno que se permitiera el acceso a información que, por otra parte, constitucionalmente es pública. Si alguien está convencido de que su proceder ha sido correcto, no tendría que tener ningún inconveniente en permitir que se conozca el análisis que la Auditoría ha hecho de su gestión. Al contrario, sería una magnífica oportunidad para revalidar títulos sobre idoneidad, probidad y eficiencia frente a la sociedad.