Todos los mandatarios del mundo democrático son defensores fervientes de los derechos humanos, pero puesto que también son "realistas", están habituados a subordinarlos automáticamente a los intereses políticos y, huelga decirlo, económicos, que más les importan. Así las cosas, era tan poco probable que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, planteara el tema durante su reciente visita a China como lo era que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se preocupara por la represión castrista en Cuba: obligada a optar entre compartir una foto con un Fidel Castro sonriente y solidarizarse con las víctimas de su régimen, Cristina previsiblemente eligió la primera alternativa. En cuanto a Hillary Clinton, entiende muy bien que la relación económica de su país con China es fundamental, de suerte que a su juicio y, es de suponer, el del presidente Barack Obama, sería insensato de parte de su país permitir que la hiciera más conflictiva un detalle como la violación sistemática de los derechos de millones de personas.

Hace poco más de cuatro años el entonces presidente norteamericano George W. Bush afirmó que la superpotencia abandonaría la estrategia tradicional de privilegiar la estabilidad en regiones problemáticas porque la experiencia le había enseñado que a la larga respaldar dictaduras represivas resultaba contraproducente, además, claro está, de hacer de Washington el cómplice de regímenes brutales. Por algunos meses los esfuerzos de Bush y la secretaria de Estado Condoleezza Rice por promover la democracia motivaron una mezcla de esperanza y alarma en Medio Oriente, pero felizmente para los comprometidos con el statu quo el "realismo" no tardó en reimponerse. Fue lógico: en muchos países, los más beneficiados por la democratización incipiente resultaron ser islamistas que desprecian la democracia y los derechos humanos por creerlos conceptos occidentales ajenos al Islam, mientras que entre los más perturbados estaban los sauditas, o sea, los dueños de las mayores reservas petroleras del planeta. Andando el tiempo, pues, Bush y Rice dejaron de hablar de democracia y derechos humanos aun cuando, para su sorpresa, la situación en Irak en tal sentido mejorara de manera notable.

Con todo, a pesar de la politización impúdica del tema de los derechos humanos por parte de organizaciones de ideología totalitaria y la voluntad evidente de los gobiernos democráticos de pasar por alto las atrocidades rutinarias cometidas por regímenes determinados, en los últimos años pudo detectarse una tendencia positiva atribuible a la democratización de más países y la conciencia creciente de que, en un mundo cada vez más globalizado, una mala imagen podría causar perjuicios económicos. Por desgracia, la crisis económica que se ha agravado con tanta rapidez ha frenado dicha tendencia en seco. Debido a los riesgos sociales y políticos que les aguardan, los gobiernos de las democracias ricas se preocupan menos que antes por los derechos básicos de sus propios compatriotas y, desde luego, de los inmigrantes, mientras que en países regidos por autoritarios como China es de prever que los gobernantes reaccionen con ferocidad frente a las protestas que con toda seguridad se multiplicarán por temor a lo que podría suceder si intentaran tolerarlas. A su modo, los gobiernos occidentales colaborarán con los represores, ya que los disidentes, sabedores de que no podrán contar con el apoyo acaso débil pero así y todo valioso de personas influyentes en el mundo democrático, se sentirán desmoralizados y los regímenes no tendrán por qué temer que manifestaciones de repudio similares a las que estallaron en muchas partes del mundo antes de los Juegos Olímpicos del año pasado cuando fue aplastada una protesta violenta en Tíbet les ocasionen demasiados problemas. Desgraciadamente para muchas personas, en especial para las que viven en países dictatoriales, en la actualidad la crisis económica encabeza la lista de preocupaciones de virtualmente todos y por lo tanto quedarán postergados hasta nuevo aviso otros asuntos, como la falta casi absoluta de garantías jurídicas mínimas en aquellos países que apenas fueron afectados por la ola democratizadora que cobró fuerza después del colapso de la Unión Soviética.