Robert Luldlum era un actorcillo teatral de poca monta, hasta que se le ocurrió escribir novelas de espionaje. Se llenó de dinero y fama, entre otros muchos éxitos con la saga "Bourne". Pero Ludlum fue también, a su modo, un crítico de las burocracias. Lo hizo con frases al pasar entre balaceras e intrigas un tanto melodramáticas, como la que suelta en "El mosaico de Parsifal", cuando pone en boca de un analista de la CIA una reflexión aguda: "creo que nuestros éxitos nunca terminan de justificar nuestros fracasos".

Cuando asistí a la última sesión del Deliberante, en la que se aprobó el reajuste de las tarifas del servicio urbano de pasajeros, aquella sentencia del extinto autor norteamericano me golpeó la memoria.

Al margen de que el valor del boleto estaba congelado desde abril de 2007, lo que hacía evidente su desfase, el grueso de los concejales autojustificó el aspecto amargo de la medida -suba promedio del 28 por ciento para el bolsillo del usuario- en el hecho de que se creaban nuevos servicios, se impulsaban garantías de calidad (aunque parezca increíble, se dijo algo tan elemental como cumplir los recorridos), y se sentaban bases -con una bienintencionada declaración- para abrir un espacio de queja del usuario con una línea gratuita. Y además, se revisarían las multas para hacerlas mas severas.

Une y Alternativa Neuquina votaron en contra del proyecto, bajo el argumento de que las exigencias sobre la calidad del servicio debían estar cristalizadas en la ordenanza y no en una mera expresión de deseos.

Habría sido un paso igual de escaso a la luz de la historia.

Es que las quejas sobre el servicio del transporte urbano de pasajeros son recurrentes en San Martín de los Andes, donde la concesión lleva una década.

Hoy, debe decirse, incluso con tarifas fuertemente subsidiadas a escala nacional, no es fácil sostener el negocio del transporte de personas. Pero también debe admitirse que la calidad del servicio -no sólo aquí, sino en casi todos lados- ha estado en deuda tanto en períodos de bonanza como de mercados exangües.

Y siempre existieron las exigencias en los contratos de concesión, la obligación del control y la previsión sancionatoria. Se trata apenas de cumplir y hacer cumplir lo que se firma.

Pero las administraciones que concesionan servicios públicos suelen ser reacias a aplicar los instrumentos que los propios pliegos prevén. Casi nunca se rescinde un contrato aun cuando haya sobradas causas para hacerlo. Si con los correctivos por incumplimientos no alcanza, hay que quitar lo que se da: la concesión.

Sin embargo, no todo es tan lineal como en apariencia lo es este razonamiento: los estados suelen ser tan incumplidores de sus obligaciones contractuales como la propia contraparte. Ergo, una mano termina por lavar a la otra.

El ejemplo palmario, también en San Martín pero con la provincia como contrapartida, es Cerro Chapelco, donde durante la gestión Capozzolo hubo retahíla de incumplimientos de obligaciones en uno y otro lado.

Cuando se llega a cierto punto sin retorno, es mejor acabar las cosas de un sacudón y volver a empezar, que seguir una agonía prolongada con los usuarios como rehenes de la ineficacia. No bastan los pequeños éxitos para justificar los grandes fracasos.

FERNANDO BRAVO

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