Hay incertidumbre y expectativa en el sector agropecuario por los posibles anuncios que realizaría hoy la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la intervención estatal en el mercado de granos.

Ayer desde las primeras horas de la tarde estuvieron trabajando contrarreloj en la quinta de Olivos el ex presidente Kirchner, su señora Cristina y el secretario Legal y Técnico de la Nación, Carlos Zanini, para dar argumentos legales a la participación del Estado en de la comercialización de granos.

Según trascendió, el gobierno optará por un camino intermedio y no avanzará en la nacionalización del comercio internacional de granos: creará un organismo para que oficie como testigo del sector y se convierta -junto a las grandes cerealeras- en un jugador más en este complejo mercado, comprando y vendiendo cereales para establecer precios testigo.

Tres fuentes oficiales confirmaron ayer al diario "Clarín" la iniciativa de volver a un organismo similar a la Junta Nacional de Granos, cerrada en 1992 por Domingo Cavallo. En este sentido trascendió que si los técnicos llegan a tiempo con el diseño del proyecto y a realizar las consultas de rigor, la presidenta podría anunciar el nacimiento de esta criatura en el discurso que hoy abrirá el período ordinario de sesiones en el Congreso. Caso contrario, se comunicará el martes durante la nueva reunión que mantendrá el gobierno con la Mesa de Enlace.

En este nuevo esquema, uno de los "halcones" de la administración K estaría a cargo de controlar a las grandes cerealeras. El organismo que cumplirá esta función será la ONCCA, cuyo titular -Emilio Eyras- responde en forma incondicional a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, quien hoy está fuertemente enfrentado con el campo.

Fuentes oficiales aseguran que hay dos modelos exitosos en el mundo de sistemas mixtos, como lo son el de Australia y el de Canadá. Y que atendiendo a características locales se tendrán muy en cuenta esas experiencias.

El gobierno quiere poner rápidamente en marcha este ente para que se comporte como una empresa testigo del Estado y que, si hace falta, frene distorsiones, compre, venda, exporte y fije en determinadas coyunturas un precio sostén para algunos granos. "Lo lamentable es que ni siquiera se consulta a técnicos idóneos en el comercio de granos para poner en marcha un esquema de intervención como el que se quiere imponer", criticó con dureza Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural de la Argentina.

Maldita caja

El fin último de esta nueva ofensiva del gobierno sobre la intervención del mercado agropecuario apunta a que los productores retengan una parte de la cosecha, lo que termina complicando la caja fiscal del gobierno. Según la ministra de la Producción Débora Giorgi habría ensilados 9 millones de toneladas sólo de soja, unos 3.000 millones de dólares. Esto genera dos efectos directos sobre la caja del gobierno. El primero de ellos es que al no ingresar "dólares" al mercado el Central tiene que salir a quemar reservas para poder sostener el equilibrio de la paridad cambiaria en la plaza. El segundo: cae la recaudación al no poder cobrar el Estado retenciones a las exportaciones por esos granos almacenados.

En definitiva, para muchos analistas del sector, la puesta en marcha de esta nueva iniciativa del gobierno está atada más a un problema de recaudación que a la búsqueda de transparencia en el sistema. (Redacción Central)