ZAPALA (AZ).-El Tribunal de Cuentas de la provincia emplazó a ex funcionarios municipales de la gestión de Raúl Podestá con el objetivo de que justifiquen con documentación una serie de imputaciones presupuestarias realizadas durante 2007.
Entre las observaciones más destacadas aparece la obra trunca de la virgen María de América que nunca se concretó pero que sin embargo le costó al erario público 30.400 pesos en concepto de pagos realizados al escultor Andrés Mirwald. El tribunal también pidió que se aclaren los motivos por los cuales se liquidaron erróneamente tributos municipales que causaron una pérdida de 83.600 pesos durante el período 2007.
De acuerdo con la cédula de notificación que recibió la ex contadora general de la comuna Claudia Juan, en el proyecto de construcción de la virgen no se adjuntan antecedentes de la contratación, normas que justifiquen la compra directa ni tampoco las respectivas certificaciones de avance y final de obra.
En realidad, el emprendimiento ni siquiera comenzó a ejecutarse pero el municipio le pagó al escultor un total de 30.400 pesos distribuidos en 8 pagos mensuales y consecutivos de 3800 pesos, según constancias oficiales.
Tasas
El Tribunal también solicitó documentación relacionada con el cobro erróneo de la tasa de derecho de inspección y control de seguridad e higiene. Por este concepto, en 2007 la comuna dejó de percibir 83.600 pesos.
En este capítulo, el Tribunal de Cuentas también cuestionó a la actual administración del intendente Edgardo Sapag al advertir que hasta aquí "desde el municipio no se habían tomado medidas respecto del total de ingresos no percibidos".
"Es muy difícil plantearle ahora a los contribuyentes que le cobraron de menos", admitió un funcionario comunal que sembró muchas dudas con respecto a la legalidad de un eventual reclamo.
De la cédula enviada por el organismo de contralor de la provincia surge además que durante el gobierno de Podestá se realizaron numerosas adquisiciones de materiales y mano de obra para atender la demanda de mejoramientos habitacionales pero no se adjuntaron las constancias de recepción de dichos bienes ni las respectivas encuestas socioeconómicas de los beneficiarios.
"En muchos casos sólo consta la recepción por parte de la persona encargada del depósito municipal, sin documentación que acredite el destino final dado a los bienes adquiridos", sostiene el informe de la auditora María Aguirre.
También se encontraron órdenes de pago de combustible donde se omitieron detallar comprobantes de rendición y listado de los responsables de cada sector.
