VIEDMA (AV)- Un crudo diagnóstico sobre la situación general de la provincia y una fuerte arenga en contra de la corrupción realizó ayer la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en su presentación del informe anual en la Legislatura rionegrina.

Apenas pasadas las 18, Piccinini comenzó su discurso explicando su rol y sus facultades. Y a pocos párrafos de iniciada su alocución disparó: "Varios de ellos -los funcionarios- han demostrado una actitud reticente y combativa hacia este organismo, negando informes, obstruyendo investigaciones, desconociendo facultades y formulando ataques personales hacia mí, mi familia y trabajadores de este organismo".

La defensora hizo un repaso de sus acciones, describiendo la situación de los hospitales rionegrinos, de los centros Caina y de las alcaidías. Cuestionó duramente a los ministros de Salud -la actual Cristina Uría y la anterior, Adriana Gutiérrez, que se encontraba en el recinto- y al de Familia, Alfredo Pega.

En cuanto a la acción social la calificó como "totalmente desarticulada, con presupuestos superiores a cualquier otra época pero con resultados totalmente negativos". Concluyó que "lo más grave es la naturalización. En Río Negro existe la naturalización de la carencia".

No solamente al Poder Ejecutivo Provincial le apuntó la Defensora. La Justicia también fue objeto de la crítica. Piccinini citó una entrevista de este diario al actual presidente del STJ, Luis Lutz, en la el magistrado pidió "prudencia en el uso de los amparos para cumplir decisiones gubernamentales". La defensora rechazó esa postura y reivindicó el instituto del amparo.

Cuando habló de la colaboración del gremio ATE en sus recorridas por los hospitales y al momento de impulsar el 82 por ciento por móvil para todos los trabajadores, la defensora del pueblo cosechó aplausos de un reducido grupo de espectadores que observaba desde las bandejas. En el exterior, otro grupo se manifestó pretendiendo entrar, pero hubo una fuerte barrera policial que le impidió el ingreso.

Habló de la Educación como rol clave del Estado, cuestionó a las empresas públicas, a las que consideró "la gran incógnita de este Gobierno", reivindicó el ámbito paritario para la negociación del precio del contrato de trabajo de los docentes rionegrinos, se refirió con dureza a las irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos y alimentos preelaborados -al que le dedicó un espacio especial- y denunció gruesas desprolijidades en las comisiones de Fomento.

Dejó para el cierre el llamado a terminar con la corrupción. Citando un texto del profesor de Derecho Constitucional de la UBA José Miguel Onaindia, dijo que "se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento.

Afirmó que "la corrupción mata, sin orden de matar". Y remató, ya dejando de lado el texto citado que: "con absoluta responsabilidad informo a esta Asamblea Legislativa que existe corrupción en el gobierno de la Provincia de Río Negro".

"Advertimos a lo largo de nuestra tarea que existen oscuros negocios que tienen que ver con el poder y que deben ser develados. Comportamientos que se podrían asimilar al saqueo de las arcas públicas y que deben ser investigados e individualizados sus autores. Crecimientos patrimoniales desproporcionados y notorios que también deben ser individualizados y castigados con todo el peso de la ley", dijo.

Piccinini terminó con su informe pasadas las 22. Luego de un cuarto intermedio, el oficialismo anunció que no tenía preguntas y el Justicialismo, en medio de una extensa y confusa ausencia de su titular, Carlos Peralta, tampoco hizo planteos. El oficialismo se retiró y la sesión se levantó a las 22.40.