VIEDMA (AV)- Seis meses de prisión en suspenso para un exempleado del Consorcio de Riego y Drenaje del Valle Inferior. En el marco de un juicio abreviado, Gabriel Quintupuray aceptó haber realizado maniobras irregulares en su beneficio con cheques del organismo, así como la calificación de "administración fraudulenta" que se le imputó y la pena impuesta que para este tipo de delito el Código establece entre tres meses y seis años de prisión.

Por su parte los representantes del Consorcio constituido como querellante también aceptaron este acuerdo. El monto de la defraudación superó los 526.600 pesos.

En el inicio de esta investigación Quintupuray entregó dinero y un vehículo como una forma de realizar una devolución parcial. Además de la pena el exempleado fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Las maniobras consistieron en el cobro de cheques por parte de Quintupuray y luego en lugar de asentarlos y depositarlos a la cuenta del Consorcio lo hacía en la propia.

La falsificación de firmas fue otra forma de apoderarse del dinero con la emisión de cheques desde el organismo, que no cumplían con el destino para el cual habían sido firmados como el pago a proveedores sino también en beneficio del imputado.

En interés propio

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2005 cuando Quintupuray, "a quien en razón del cargo que ostentaba dentro de ese organismo le habría sido confiada la administración de los fondos que allí ingresaban y habría emitido en interés propio una cantidad de cheques por distintos montos que cobró y no los ingresó", consignó la acusación.

Las firmas falsificadas fueron las del entonces titular del Consorcio Néstor Campot y de Carlos Silvestre, los únicos que estaban autorizados a firmar cheques. Además algunos fueron endosados a su nombre cuando en realidad habrían estado destinados al pago de proveedores.

En un juicio abreviado el imputado debe aceptar la autoría del hecho imputado, la calificación del delito y la pena impuesta.

El Tribunal estuvo integrado por los camaristas de la Sala A de la Cámara Penal de Viedma María del Carmen Vivas de Vásquez, Susana Milicich de Videla y Eduardo Giménez. Como fiscal de Cámara actuó Adriana Zaratiegui, en la defensa el abogado Manuel Maza y en la querella Aldo Brusino.