VIEDMA (AV).- La continuidad del juez Pedro Funes al frente de la causa que involucra a la empresa Flavors y Cía SA -que proveía de alimentos preelaborados a la Provincia- quedó ahora en manos de Luis Lutz, presidente del STJ y, por ende, del Consejo de la Magistratura. Así lo resolvió ayer ese cuerpo colegiado, que por mayoría votó que se cumpla con el artículo 31 inciso b de la ley 2.434 que rige el funcionamiento del Consejo.

Esa norma indica que "si la denuncia fuera prima facie admisible, el presidente del cuerpo procederá a disponer una investigación de los hechos denunciados y elaborar un sumario de prevención mediante el procedimiento establecido en el reglamento judicial. A tales efectos tendrá amplias atribuciones de instrucción y podrá delegar la misma en el auditor general, así como utilizar el personal, infraestructura y elementos del Poder Judicial".

Desde las 16 de ayer, el Consejo reanudó la discusión en torno a la denuncia presentada por la defensora del Pueblo Ana Piccinini, por supuestas irregularidades en la sustanciación de la causa de los alimentos. Tras el cuarto intermedio establecido el lunes, el camarista Eduardo Giménez presentó ayer un sucinto informe que marca que las dos cámaras criminales han revocado, apelado o llamado la atención a Funes durante 2007 y 2008 en el 39 por ciento de las causas. No obstante, aclaró que desde su punto de vista, ese dato no es relevante ya que el tema en cuestión es la denuncia específica de Piccinini. Sobre eso, Giménez dijo que la denuncia es "razonable" y recomendó que se disponga la puesta en marcha del proceso que establece el artículo 31 inciso b de la ley 2434. "El informe de las cámaras es solamente un plus que se agrega a la denuncia de la defensora" indicó.

Tras un breve cuarto intermedio, los consejeros que representan al Colegio de Abogados, Ricardo Ocejo, Cristo Guenomil y Ricardo Montanari votaron en esa misma sintonía, al igual que el legislador justicialista Martín Soria. Los únicos en votar por que la causa pase a archivo fueron los legisladores oficialistas Adrián Torres y Adrián Casadei. Este último criticó la denuncia de Piccinini considerando inadmisibles los tres hechos.

Lutz, quien deslizó críticas hacia su antecesor Alberto Balladini, porque no inició el proceso correspondiente, dijo que en cinco días determinará si es admisible la denuncia de Piccinini.