SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- El Concejo Deliberante aprobó ayer por mayoría un aumento promedio del 28% para el boleto urbano del transporte de pasajeros, en medio de recurrentes quejas de vecinos por la calidad del servicio, y luego de un trabajo de varios meses para readecuar el cuadro tarifario.
De hecho, la decisión incluye la creación de nuevos recorridos, servicios directos, mecanismos de garantías sobre las prestaciones, profundización de las sanciones por incumplimientos y una futura línea telefónica gratuita para quejas de los usuarios.
La primera sección (Terminal-ACA) tendrá un boleto de 1,60 pesos; la segunda sección (Terminal, El Arenal, Villa Vega San Martín/Terminal, Los Radales/Terminal y Puente Blanco) tendrá una tarifa de 1,70 pesos. La tercera sección (Terminal/Chacra 30, Terminal/Ruca Hue, Terminal/AlIhuén Alto, Los Robles y Caleuche) abonará un boleto de 1,80 pesos.
Habrá un boleto intermedio parara tramos a partir de la segunda sección, con un costo de 1,60 pesos, y un servicio directo entre puntas de 2 pesos, entre otras alternativas. El boleto escolar para primaria y jardín será de 0,25, y de 0,60 para estudiantes secundarios.
Las nuevas tarifas, recorridos y frecuencias entrarán en vigencia a partir del 14 de marzo. Como se apuntó, el tratamiento del tema fue precedido de fuertes quejas de las usuarios por la calidad del servicio. La empresa Ko Ko tiene la concesión desde el 2000 y hasta el 2012. Las tarifas estaban congeladas desde abril del 2007, y el reajuste tanto como las exigencias a la empresa demandó varios meses de labor a los concejales, pues surgieron de un análisis pormenorizado del estado actual del servicio y de su ecuación de costos.
Las ediles del UNE y de Alternativa Neuquina votaron en contra de la nueva ordenanza, que además fue acompañada de un proyecto de declaración del partido vecinalista "Participar", en el que se promueven acciones para profundizar el control del servicio y las sanciones ante las faltas de la empresa prestataria.
Entre otras medidas, se impulsará la revisión del Código de Faltas en esta materia para hacer más severas las sanciones por incumplimientos, así como la puesta en funcionamiento de una línea telefónica gratuita para ladenuncia de los usuarios.
Precisamente, las concejales que votaron por la negativa, Emilia Otharán y Ana Ambrogi, basaron su decisión en la baja calidad del servicio actual, según dijeron, y en el hecho de que las sanciones deberían haber sido incorporadas ya al texto de la ordenanza con fuerza de ley.
En cualquier caso, se reconoció el extenso trabajo del resto de los concejales, en particular del MPN, y también del radicalismo (Concertación) y del partido vecinalista.
