Durante la campaña, el presidente Barack Obama prometió cambiar a Washington y erradicar de su arena política los "intereses especiales", retratados como un ámbito de bajos fondos. En otras palabras, Obama sugería terminar con los lobbistas, traficantes de influencias, consultores de los medios de comunicación y "expertos" pagados. Bueno, es una promesa condenada al fracaso. La única manera de eliminar el lobby y los intereses especiales sería eliminar al gobierno. Cuanto más poderoso se vuelva éste, más lobby habrá. Uno sólo necesita observar la respuesta al multimillonario plan esperado de "estímulos económicos" para verificar su verdad.

Obama prevé reorganizar un tercio de la economía: el sector del cuidado de la salud, que representa alrededor de un 16% del producto interno bruto (PBI); el sector energético, un 10% y el financiero (bancos, agencias de Bolsa, compañías de seguros), alrededor de un 8%. Habrá una movilización de intereses, desde los radiólogos hasta los productores de energía renovable; desde los fondos de inversión hasta los hospitales. Según Bara Vaida, reportero del National Journal, "será una época de bonanza para la Calle K", el centro de los lobbistas de Washington.

Los lobbistas tienen una mala reputación, por lo cual los políticos los vilipendian rutinariamente. Denunciarlos no trae riesgos. La gente culpa de su descontento a una conspiración de mercaderes de influencias. Los escándalos periódicos confirman los estereotipos: los Jack Abramoff que agasajan legisladores o los congresistas como Duke Cunningham que aceptan sobornos de contratistas del gobierno y les dan fondos federales. Pero el prejuicio contra el lobby es una mitología popular.

El mito número 1: el lobbismo es antidemocrático porque frustra "la voluntad de la gente". Lo opuesto resulta lo correcto: el lobby es una expresión de la democracia. Somos una colección de intereses especiales, y el interés personal de una persona es el empleo o la cruzada moral de otra. Si la gente no se organiza para influir en el gobierno, entonces la democracia está muerta. Los lobbistas dan forma al debate y le dan al gobierno más información.

Un segundo mito es que el lobby favorece a los ricos, incluidas las corporaciones, porque sólo ellas pueden pagar su costo. El gobierno los favorece e ignora a los pobres y la clase media. En realidad, los hechos contradicen eso.

Claro, los ricos extraen privilegios del gobierno, pero son sus sirvientes. El 10% de los estadounidenses más ricos paga alrededor del 55% de todos los impuestos federales (y dentro de éste, el 1% más rico paga el 28%), de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Alrededor del 60% del presupuesto federal de u$s 3 billones va al pago de individuos, los pobres y la clase media. Uno podría argumentar que las cargas y beneficios deberían ser mayores, pero si los ricos fueran todopoderosos, sus impuestos serían menores. En cuanto a los pobres y la clase media, sí tienen defensores poderosos. Por nombrar tres: la AARP (una ong para mayores de 50 fundada en 1958) para los jubilados y casi jubilados; la AFL-CIO para los trabajadores sindicalizados; el Centro sobre el Presupuesto y las Prioridades Políticas para los pobres.

Un mito final es que el lobby consiste principalmente en el acceso a legisladores o personal de los congresistas y que las contribuciones de campaña compran ese acceso. Por supuesto, esto sucede, pero no representa lo principal. "El lobby es más sustancial y abierto que su caricatura. Los lobbistas principalmente se ganan a los legisladores con hechos", escribió Jeffrey H. Birnbaum, un veterano reportero de "The Washington Post". Si los legisladores "ven mérito en una posición y el público se manifiesta en su favor, así es la manera en que tienden a votar". El lobbismo es marketing moderno: transformar el interés estrecho de un grupo en algo que se perciba, correcta o incorrectamente, al servicio del "interés público". Piense, digamos, en los subsidios federales para el etanol basado en el maíz como un ejemplo de lobby exitoso.

En el 2009 hay alrededor de 16.000 lobbistas, gente con suficientes contactos en el Congreso que están obligados a reportarse según el Acta de Revelación de Lobby de 1995, dice el Centro para la Política Responsable. Ello significa un 50% más desde 1998. Pero también hay consultores de relaciones públicas, administradores de publicidad, asesores de internet, expertos políticos que están preparados para influir en el gobierno. Cuando James Thurber, de la Universidad Americana, los contó, el número de lobbistas creció hasta 261.000.

Con Obama, este complejo se va a expandir. Nadie puede dudar de que capte la política pública para propósitos privados. Esto involucra favores ocultos y discretos: "consignaciones" presupuestarias, desgravaciones fiscales o preferencias reguladoras. Aun cuando son grandes para sus receptores, resultan pequeñas en el contexto del gobierno (todas las consignaciones totalizan menos del 1% del gasto federal). Lo que importa son las políticas mayores que determinan el tamaño y la dirección del gobierno. El lobby asegura un debate sobre estos asuntos.

ROBERT J. SAMUELSON

Newsweek