El comienzo del año lectivo invita a reflexionar acerca de la relevancia social de la educación. En general, es en esta época cuando reaparecen conflictos de la más variada naturaleza vinculados con la tarea de enseñar y aprender. Se cuestionan el salario de los docentes, el estado de los edificios escolares, los costos que supone enviar a los chicos a la escuela, la violencia.

Estos debates no hacen sino poner de manifiesto que, si bien nuestra dirigencia declama en su discurso que la educación es una prioridad insoslayable, en los hechos concretos no está dispuesta a encarar los sacrificios personales y sociales imprescindibles para lograr que todos nuestros chicos y jóvenes accedan a la posibilidad de aprender. Posibilidad que, por otra parte, constituye una de las pocas garantías de la igualdad de oportunidades que debería constituir el objetivo central de una sociedad democrática.

Efectivamente, garantizada la salud, sin la que lo demás se torna utópico    ya que quien padece hambre no está en condiciones de aprender, la educación es el mejor instrumento para intentar equilibrar las groseras desigualdades que existen en nuestras sociedades. A título ilustrativo basta un dato: en América Latina los hijos del 20 % de las familias de mayores ingresos reciben, en promedio, once años de educación mientras que aquellos que pertenecen al    20 % de las familias con menores ingresos, sólo reciben tres años. Ese hecho sella trágicamente su destino. En la región, casi el 30 % de los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 25 años, no estudian ni trabajan, situación en la que hoy se encuentran alrededor de 900 mil jóvenes argentinos. Para completar este preocupante panorama, corresponde mencionar que sólo el 42 % de los argentinos de edades comprendidas entre 25 y 64 años completa la educación media, imprescindible para desempeñarse en el complejo mundo actual. En Canadá, Alemania o Suecia, por ejemplo, lo hace más del 80 %.

Si resulta alarmante el relativamente escaso número de personas que asisten a las escuelas durante un lapso adecuado, no lo es menos la calidad de la educación que reciben. A título ilustrativo, corresponde mencionar que estudios recientes indican que el 58 % de los jóvenes argentinos de 14 años, que están en las aulas escolares, carecen prácticamente de la capacidad de comprender lo que leen. El porcentaje equivalente en países como Finlandia o Corea es de 6 %. Otro aspecto preocupante es la escasa cantidad de jóvenes con elevada capacidad de comprensión lectora: mientras que entre nosotros es del 0,9 %, en Canadá o Australia supera el 10 %. En el estudio PISA de 2000 – los datos comentados corresponden a esa investigación – ocupamos el puesto 34 entre los 41 países estudiados y en 2006, nuestra posición fue 52 entre 57 países. Deficiencias similares, o aún mayores, se advierten en lo que respecta a conocimientos en matemática y en ciencia.

Con frecuencia afirmamos, haciendo gala de una irresponsable ligereza, que ingresamos a la “sociedad del conocimiento”. Pero si no logramos educar mejor a la mayor cantidad de gente posible, quedaremos irremediablemente excluidos de esa sociedad con cuya mención adornamos nuestros discursos. En realidad, nos encaminamos hacia la “sociedad de la ignorancia”.

Ante la profunda crisis de civilización que atravesamos, no debemos olvidar que sólo podremos superarla si hacemos los sacrificios sociales               – presupuestos, valorización de los maestros, ejemplos – y personales – dedicación, sacrificado esfuerzo – que permitan contar con una población sólidamente formada y seriamente instruida. Ser educado no sólo constituye un derecho inalienable de cada uno de los nuevos ciudadanos y una responsabilidad de las generaciones mayores, sino que es el pilar esencial sobre el que asienta la sociedad democrática que pretendemos construir.

por Guillermo Jaim Etcheverry  para Red de Diarios