BOGOTÁ (AFP) - El Fiscal colombiano Mario Iguarán ordenó ayer registrar las instalaciones del estatal servicio de inteligencia (DAS) para buscar pruebas de presuntas interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y políticos de la oposición, informó el funcionario.
"Se ha ordenado registrar las instalaciones del DAS de manera inmediata. En este momento las estamos realizando", dijo Iguarán en conferencia de prensa. Según el funcionario, "se trata de inspecciones a las salas internas y externas, a los equipos tácticos operados a través de satélite, como también a los equipos de interceptación portátiles, no sólo de correos electrónicos sino también de celulares".
Agregó que, además, se ordenó interrogar, a "las personas de inteligencia y contrainteligencia, así como inspecciones a los protocolos y libros, para establecer responsabilidades de carácter penal en supuesta falsedad, violación de intimidad y de comunicaciones".
Las decisiones fueron adoptadas tras la información de la revista Semana de Bogotá, que el sábado revelo que desde las instalaciones del DAS se estaban interceptando comunicaciones de periodistas, magistrados, políticos opositores, e incluso de varios funcionarios de la Presidencia cercanos al mandatario Alvaro Uribe. "El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de ´narcos´, ´paras´ y guerrilleros", asegura Semana en su artículo.
Funcionarios del gobierno como los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, y de Defensa Juan Manuel Santos, rechazaron los hechos y negaron que funcionarios del gobierno hayan ordenado las escuchas.
El director del DAS, Felipe Muñoz, había pedido el sábado a la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) conformar un cuerpo élite para investigar las presuntas infiltraciones. "Puede haber implicados funcionarios del DAS, pero también lo pueden haber de otros sitios", anotó Muñoz. La antecesora del funcionario, María del Pilar Hurtado, había renunciado a su cargo en octubre pasado tras un escándalo por seguimientos y espionaje ilegal al senador Gustavo Petro, que fue ordenado por un subalterno sin su conocimiento.
