Río Negro conformó -hace cinco años- una estructura de empresas públicas que requirió siete millones de pesos, y las sociedades igualmente continúan con irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. Tres empresas siguen en liquidación mientras la Secretaría responsable tiene una característica novedosa: un empleado cada dos funcionarios.

Las últimas auditorías del Tribunal, recientemente difundidas, reiteran observaciones no corregidas y siguen solicitando la finalización de las liquidaciones, como SAPSE que ya computa nueve años en esa gestión.

Muchas falencias e irregularidades de las empresas públicas son previas a la actual gestión provincial, pero el gobernador Miguel Saiz se concentró en un mensaje de ordenamiento, que incluyó la creación de la Secretaría de Estado de Gestión de Empresas Públicas, con integración en el gabinete.

Esa cartera fue ocupada inicialmente por Alberto Croceri, que renunció para integrarse al directorio del Banco Patagonia en representación del Estado rionegrino. Gabriel Savini cubrió la vacante.

Desde su creación, esa Secretaría totalizó presupuestos por 6,8 millones, considerando los dos millones estimados para este año, que serán insuficientes porque ese organismo ya necesitó en el 2008 casi 1,9 millones. El costo se concentra en un 91 por ciento en las partidas de personal y de servicios no personales (esencialmente, contratos).

La estructura de supervisión sólo necesitó 160 mil pesos en el 2004. Su similar del año pasado concentró más de once veces aquella erogación inicial, pues se acercó a 1,9 millones. La evolución es la siguiente: 400 mil pesos en el 2005, 700 mil en el 2006 y 1,5 millón en el 2007.

La planta de personal contempla 11 designaciones: siete funcionarios y cuatro empleados. Hay casi dos cargos superiores por cada agente. Un alto porcentaje también se concentra en los contratos, que se registran en las partidas de "servicios no personales" (supera la mitad de los gastos totales).

Cinco años después de su conformación, la Secretaría presenta precarios resultados. El Tribunal de Cuentas renovó cuestionamientos por los manejos de las empresas y, además, tres empresas -SAPSE, Aeronor e Hiparsa- mantienen gastos. La línea aérea tiene previstos 386 mil pesos para este año, mientras que Hiparsa recibió el año pasado un desembolso del Tesoro provincial de 480 mil pesos.

Las metas originales de Saiz eran -como mínimo- eliminar estructuras inútiles y sin funciones. El gobierno provincial, a pedido de la Secretaría, creó diferentes normas en la búsqueda de la supervisión empresarial. La ley de creación de la Sindicatura General (Sigrepro) y un decreto -el N° 815- fueron los instrumentos principales. Aun así, faltó decisión política porque cada conducción de las empresas efectuó su interpretación jurídica y, consecuentemente, cumplió según su evaluación con la supervisión que se requería desde esa cartera del Poder Ejecutivo.

Hasta fines del 2003, Oscar Carballo mantuvo un seguimiento de esas firmas estatales a partir de una designación en Hacienda.

Hoy, el contador roquense tiene su visión de la estructura conformada para reemplazar su trabajo. "Se creó una estructura burocrática que contiene directa e indirectamente a más de cien funcionarios y empleados sin conocerse puntualmente su accionar".

Días atrás, "Río Negro" publicó que media docena de empresas recibió el año pasado aportes del Estado provincial por más 48 millones de pesos.

Estas transferencias fueron destinadas esencialmente a gastos de funcionamiento. Para Carballo, esas sociedades siguen con "subsidios permanentes" y "cada vez operan peor", son aportes para "déficits de salarios y gastos de funcionamiento". Carballo explicó que la situación se sigue generando con "los nuevos amigos del gobierno", que mayoritariamente "no poseen la capacitación técnica e idoneidad específicas". (AV)

Oscar Carballo -antecesor a la secretaría de Gestión Pública en el control de las empresas- consideró que los ámbitos creados fueron ocupados por persona sin "capacitación técnica" pero, esencialmente, se consolidó "un espacio carente en absoluto de autocrítica".

El ex controlador recordó que las intervenciones, los déficits y los subsidios continúan. Expresó que los espacios fueron ocupados por "nuevos amigos del gobierno", que mayoritariamente "no poseen la capacitación técnica e idoneidad específicas". Consideró que la "legislación creada (decreto 815 y ley de Creación de la Sigepro, entre otras) "son zafarranchos jurídicos, diseñados en connivencia con asociaciones civiles inescrupulosas" y que "la verdadera intencionalidad" es que "no existiera ningún posible cuestionador de políticas del estado". Manifestó que se "consolidó un espacio carente en absoluto de autocrítica".

Sin mencionarlo, Carballo apuntó inicialmente a Croceri que ocupó la Secretaría, aunque "dos años después prefirió -agregó- orientar su actividad hacia un espacio mas tranquilo, pero siempre bajo el paraguas benefactor del estado rionegrino". Su cargo quedó a "otro amigo del poder" (por Savini), "sin antecedentes públicos algunos exteriorizados adecuadamente para poder evaluar sus capacidades técnicas y/o políticas".

Finalmente, Carballo entendió que no alcanzan los "voces impostadas, las frases grandilocuentes, las promesas de gestión sin capacidad de acción, los intentos de mejora sin capacidad de autocrítica o ignorar los problemas para evitar tratarlos". (AV)