SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El ex secretario de Prensa del Concejo Municipal, Rodolfo Florido, no pagó todavía la multa que le impuso meses atrás el Tribunal de Contralor por ocultar su condición de jubilado policial y ahora el municipio buscará cobrarle por vía judicial.

La demanda de ejecución está planteada ante el juzgado de Paz, que en breve podría dictar sentencia. Si Florido no paga la suma exigida, se expone a sufrir un embargo sobre sus bienes.

El ex funcionario del Consejo fue miembro de los servicios de inteligencia durante la última dictadura y obtuvo en febrero de 2002 una jubilación policial, pero no incluyó ese dato clave en la declaración jurada que firmó al acceder al cargo público.

Cuando surgieron las primeras denuncias públicas sobre su ominoso pasado, Florido lo negó una y otra vez y sugirió que quien aparecía en las listas era "un homónimo". Aun así renunció a la secretaría de Prensa, donde llegó a desempeñarse unos cuatro meses.

Los concejales iniciaron una investigación "reservada" en la que confirmaron de fuentes oficiales y por distintas vías que Florido percibe una jubilación y que revistó en los cuerpos de inteligencia del Ejército y de la Armada entre 1976 y los primeros años de la democracia. Esas conclusiones derivaron en una causa penal, que fue impulsada por la fiscal Mirta Siedlecki y hoy tramita en el juzgado de Instrucción II, a cargo de Martín Lozada.

El expediente también fue remitido al Tribunal de Contralor Municipal, que el pasado 22 de octubre -y previo dictamen de su asesoría letrada- le impuso a Florido "una multa equivalente al 10% de los salarios percibidos durante su gestión" en el Concejo, unos $2.400.

Según los contralores, de las evidencias acumuladas "surge con claridad la culpabilidad por parte del ex funcionario Rodolfo Patricio Florido, al faltar a la verdad en su declaración jurada, y negar la percepción de jubilación o pensión, cuando ello era así".

Debido al monto reclamado, el caso quedó a cargo del Juzgado de Paz. Las fuentes consultadas ayer en el Ejecutivo confirmaron que ante la reticencia de Florido "lo más probable es que el juez emita sentencia y le ordene pagar". Si transcurren cinco días hábiles y continúa en su negativa, la Justicia le dictaría un embargo de bienes para que el municipio pueda cobrar a través de un remate.