Está claro que si internet no existiera tampoco podríamos hablar de la sociedad del conocimiento, de la comunicación en red o de los ciudadanos ciberespaciales. La revolución digital pone de relieve el poder de la red de redes, que genera (a medida que gana espacios de influencias) reacciones ambiguas.

Tenemos por un lado la aceptación social de que internet es la bandera del futuro, el estandarte del progreso y la inclusión social, enunciado que resulta discutible si no se reducen enfáticamente las estadísticas de los excluidos. Que por cierto son muchos, incluso en países como el Reino Unido donde las tarifas siguen siendo altas. Según el diario "Brand Republic", al día de hoy sólo un 40% de las familias británicas dispone de una conexión aceptable. Y por otro lado, aparece su opuesto complementario: internet es emblema de anarquía, de falta de límites, de intereses contrapuestos. Internet como espacio "sin ley".

Es lógico que como todo medio que está demostrando su majestuoso despliegue, las reglas aún no estén del todo claras y esto, como lo mencioné en otra nota, preocupa a los gobiernos. El profesor Manuel Castells, de la Universidad Obertá de Catalunya define con claridad cómo reacciona el poder ante esta disyuntiva.

"Los gobiernos de la mayoría de los países han acogido a internet con una actitud esquizofrénica. Por un lado, como ícono de modernidad e instrumento de desarrollo económico. Por otro, con una profunda desconfianza hacia el uso que pueden hacer los ciudadanos de esa potencialidad de libre comunicación horizontal".

Esta bipolaridad, en rigor, se sintetiza y se evidencia por la ausencia de ley. Entonces, ¿cómo se regula la libertad de expresión, de pensamiento, de acción y de autor en el espacio cibernético? ¿No es contradictorio -e inútil- establecer límites a un mundo infinito?

El desafío de los gobiernos democráticos radica, justamente, en resolver este dilema. Los intentos de regular, legislar y promover mecanismos de control no han sido, hasta el momento, suficientes ni eficaces.

La primera decisión política es la de intentar combatir el nerviosismo que les genera a los gobiernos no saber cuál es la filosofía de la web. Y, por lo tanto, desconocer cómo controlarla. El temor a perder el control los anima a dictar leyes urgentes, imprecisas, con sanciones prácticamente imposibles de imponer.

Considero que una actitud democrática y madura de los gobiernos es la de proteger los derechos de los ciudadanos y penalizar los delitos dentro y fuera de la red. Porque no es la computadora, internet ni los avances informáticos los que atentan contra las libertades individuales, sino el hombre que encuentra en ellos una nueva herramienta para delinquir.

Una solución posible sería aceptar que es la herramienta imprescindible para construir el futuro y que, como tal, no es "mala", "invasiva" ni "peligrosa". Sólo hay que tomar recaudos y medidas. Internet es un "lugar" donde cada Estado participa, debate, dictamina, decide y pone en práctica su e-gobierno.

Por cierto, un gobierno inteligente y creativo no imagina a internet como una plataforma gigantesca anónima, extraterritorial y caótica. Sino que se asienta en ella, ocupa el vacío jurídico y delimita su alcance para equilibrarlo con el poder local.

DANIEL IVOSKUS (*)

24Con.com

(*) Autor del libro "Vivir conectados"