Si la posición del gobierno nacional respecto del conflicto con el campo se mantiene inflexible en su negativa a bajar las retenciones, difícilmente se llegue a algún arreglo entre las partes.

El cálculo es bien sencillo. Si el conflicto alcanzó un alto nivel de gravedad el año pasado, con un precio interno de la soja promediando los u$s/tn 300, qué puede esperarse hoy, con un precio 20% inferior a aquél, mayores costos de producción y, por si eso fuera poco, agravado por una sequía que según los especialistas es la más grave de los últimos 40 años.

Desde el gobierno se argumenta que, aun con la fuerte caída del precio de los cereales en el segundo semestre del año anterior, el valor actual de la soja (u$s/tn 250) es superior al precio histórico. Por ejemplo, está un 67% por encima de los u$s/150 de la campaña 2002/2003.

Si bien esto es así, resulta una verdad a medias, en la medida en que no se dice nada del aumento que tuvieron los insumos de producción (gasoil, salarios, herbicidas y fertilizantes), que claramente incrementaron su valor en pesos y en dólares, tanto por inflación interna como externa (esta última debido a la fuerte depreciación que tuvo la moneda estadounidense respecto del resto de las monedas duras).

Pero el argumento que más esgrime el gobierno es la imposibilidad de bajar el gasto público y, en consecuencia, de ceder recaudación.

Bueno, acá es donde llegamos a la esencia de la cuestión en disputa; la madre de todos nuestros problemas: el gasto público. Una vez más, aparece el gigante dormido, el culpable de la debacle del 2001. Que se lo pudo dominar (bajar) con la devaluación de comienzo del 2002. Y que posteriormente se lo pudo ir aumentando, en la medida en que subía el precio internacional de nuestras exportaciones de granos, lo que permitió, hasta ahora, llevar a las arcas del Estado hasta un 35% de ese precio.

Pero eso ya fue. Ya no le va a ser posible al gobierno sacar ese porcentaje. Es decir, lo va a seguir recaudando en esta campaña agrícola, dado que la soja ya está sembrada y en definitiva en algún momento los productores la venderán. Pero no va a recaudar el gobierno lo que percibía antes, dado que el precio internacional y la retención son menores que los vigentes hasta la campaña anterior y se van a vender menos granos, ya que por la sequía se estima que la cosecha puede llegar a caer en más del 30%.

Pero agreguemos a ello el punto más importante: con esta sequía y los precios vigentes, hoy las retenciones no van a salir de las ganancias de los productores. No es que van a dejar de ganar, como se decía el año anterior. Hoy las retenciones son pérdidas directas, que el productor no puede evitar dadas las características de la actividad. Los gastos ya se hicieron y no hay posibilidad de arrepentirse. Finalmente hay que vender, aunque sea a pérdida. Pero el desaliento a producir será grave. ¿Quién se va a poner a producir a pérdida hacia el futuro?

En definitiva, el escenario es de una clara baja en la recaudación impositiva, no sólo por esta comentada disminución en el ingreso por retenciones, sino por una inevitable caída en el nivel de actividad de toda la economía, tal como está ocurriendo en el resto del mundo.

Con menos recaudación y el gasto público inflexible a la baja (como ha ocurrido históricamente), tenemos déficit fiscal en puerta. Y si no podemos acceder al financiamiento externo, vía nuevos créditos, vamos a volver a los viejos y conocidos problemas de los últimos 50 años: atrasos en los pagos de salarios, jubilaciones, proveedores, contratistas, etc., con sus imprevisibles consecuencias.

Conclusión: aunque el gobierno no lo quiera, la recaudación va a caer y si lo que busca es evitar mayores problemas, deberá bajar el gasto, así como lo hacen empresas y familias. Habrá que ver si puede hacerlo nominalmente, rompiendo esa inflexibilidad histórica, o si se apelará una vez más al fácil "remedio" de la devaluación.

ROLANDO CITARELLA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Economista