SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Debido a una deuda de 32.000 pesos, el Boletín Oficial de la provincia interrumpió en noviembre pasado la publicación de las ordenanzas emitidas por el municipio barilochense.
La irregularidad fue advertida ayer por la asesora letrada del Concejo, Alexa Dal Bianco, y provocó gran alarma entre los ediles, quienes calcularon en no menos de 30 las ordenanzas que "se están aplicando pero no están vigentes". Entre ellas la del presupuesto 2009. El intendente Marcelo Cascón aseguró que se enteró ayer que el municipio tenía cortados los servicios del Boletín Oficial y atribuyó la responsabilidad a la secretaría de Gobierno.
La deuda acumulada con la publicación provincial es de $ 32.000 y la comunicación sobre el corte de la cuenta corriente data del 13 de noviembre. Ese día, la delegada local del Boletín Oficial, Rosana Mesa, les hizo saber a las autoridades municipales que no les tomaría más pedidos de publicación "hasta que cancelar algo de la deuda".
La intimación no causó efecto alguno y pasaron más de 90 días sin que el municipio atienda el incumplimiento. El Boletín Oficial recibió el mismo trato que cualquier otro proveedor y en ese lapso se acumularon 25 ordenanzas que ya están sancionadas y promulgadas pero no tuvieron la difusión obligatoria que la ley impone como último requisito para su aplicación.
Los hechos fueron ventilados ayer en la reunión de Comisión Legislativa, donde abundaron las críticas al Ejecutivo. Los ediles analizaron la posibilidad de pagar la deuda con su propio presupuesto para recomponer de inmediato el servicio del Boletín y después pedir la devolución del dinero a la secretaría de Economía.
Pero ese criterio fue rechazado por el presidente del Concejo, Darío Barriga, quien al cabo de la reunión le envió una nota al intendente Cascón en la que le solicita que abone la suma adeudada "en el plazo perentorio de 24 horas" y que "se abstenga de aplicar" las ordenanzas que no fueron publicadas "atento al perjuicio a la seguridad jurídica que ello acarrearía".
Algún concejal se preguntó ayer hasta cuándo seguiría postergado el pago y suspendidas las publicaciones si ellos no ponían en evidencia el incumplimiento.
Darío Rodríguez Duch (ARI) observó que "el Ejecutivo es responsable de aplicar las ordenanzas y está trabajando en la ilegalidad".
Hugo Cejas (SUR) propuso citar al secretario de Economía, Jorge Temporetti, para que aclare lo ocurrido y coincidió en que la situación "es muy compleja desde el punto de vista jurídico".
"Es tan grave la negligencia que nos va a arrastrar al conjunto de los poderes", opinó por su lado Alfredo Martín (Frente Grande).
El intendente Cascón dijo que hasta ayer no estaba al tanto del conflicto con el Boletín Oficial y que "la responsabilidad originaria fue de la secretaría de Gobierno", cuyo titular, Nelson Vigueras, se encuentra de licencia.
El intendente aceptó que si la suspensión de las publicaciones se extendió tanto tiempo fue "por una falta de seguimiento que no debió ocurrir".
