VIEDMA (AV).- La Justicia solicitó una auditoría y cuestionó a los centros médicos privados de Viedma por sus servicios de neonatología, que justificaron limitaciones en cuestiones económicas y expresaron que existe la posibilidad de atención en el hospital Zatti.

Un grupo de profesionales pidió la intervención judicial y, en principio, la Procuradora General, Liliana Piccinini solicitó una auditoría para precisar si el Sanatorio Austral y la Clínica Viedma cubren la "atención adecuada" del recién nacido.

En su dictamen, Piccinini entendió que es "inconcebible la impudicia" en las respuestas de los centros privados que consideran que al recién nacido "se podrá derivar al Hospital Público" frente a cualquier inconveniente. Cobran -agregó- un precio por el servicio que ofrecen" pero "postulan que si no pueden otorgar las garantías mínimas", "entonces la mejor solución es la derivación a una institución pública, en detrimento de la atención médica de aquellas personas de escasos recursos que tienen sólo la posibilidad de ser asistidos por el Estado".

Más adelante, la procuradora consideró un "razonamiento absurdo y ciertamente egoísta" como expresan los centros privados en que "sólo el Estado tiene la obligación de garantizar lo mínimo indispensable para la salud, y que la obligación de estas empresas no es sino cumplir un objetivo económico y en pos de esos intereses tomar decisiones".

El año pasado, un grupo de médicos pediatras presentó un amparo por el Superior Tribunal de Justicia por el cierre parcial y restricciones en los servicios de neonatología de los dos centros privados de Viedma.

En su respuesta, el sanatorio Austral afirmó que ha reanudado la prestación del servicio que "fuera cerrado por el término de una semana para su reorganización".

Por su parte, la Clínica Viedma -según la contestación del representante legal, Maximiliano Faroux- expresa que "para el caso de hipotéticas complicaciones en los nacimientos" se cuenta con "equipamiento mínimo indispensable y siempre existe la posibilidad de derivación al Hospital Zatti u otros centros de Alta Complejidad, funcionando así desde hace ya un tiempo sin que haya sido merecedor de objeción alguna por parte de los facultativos. Destacó que "ambas instituciones privadas ejercen una actividad lícita, acorde a su objeto social y dentro de sus posibilidades económico-financieras, razón por la cual no se les puede obligar a la prestación de servicios "no sustentables" desde el punto de vista económico empresarial".

Luego, el Sanatorio Austral -representado por Alberto Visintin y Gervasio Vallati- argumenta su condición de "empresa privada de salud", "cuyo objeto social es en pos de beneficios económicos en esa área de servicios". Expresan que "aún si hubieran decidido cerrar el servicio de neonatología, la comunidad cuenta con el que brinda el Hospital Artémides Zatti, y que el derecho de garantizar el servicio de salud es netamente estatal".

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) todavía no resolvió el amparo, pero fue concluyente el dictamen de la Procuradora, que requirió se pida una auditoría del Cuerpo Médico Forense y un pediatría, que "no posea vínculo societario con los centros involucrados".