SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Concejales y ocupantes de la toma Vivero II plantearon ayer su descontento con el desempeño del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas (IMTVHS) por la falta de soluciones a la problemática habitacional y con la intimación de desalojo de una zona de riesgo ambiental.
En el encuentro para abordar la problemática de la toma se produjo un interesante contrapunto entre los concejales de la oposición y el directorio del IMTVHS por las escasas soluciones articuladas tras seis meses de vigencia de la emergencia habitacional.
El edil Hugo Cejas advirtió que "no se está dando la importancia real al tema" porque no se ve en la acciones la prioridad en la asignación de recursos definida con la declaración de emergencia y cuestionó al Instituto y al Ejecutivo por "la ausencia de políticas definidas para atacar el problema".
El presidente del organismo, Enrique Mogensen, aclaró que la política del organismo es evitar nuevos asentamientos y reiteró que pronto se concretará la adquisición de las 35 hectáreas sobre la ruta de Circunvalación.
El funcionario informó que hasta la fecha atendieron las consultas de 1450 aspirantes a inscribirse en el registro de Demandantes -a los que se dio turno para que completen la documentación- y que se está trabajando con nueve cooperativas de viviendas y autoconstrucción que involucran a unas 60 familias carenciadas cada una. También defendió la decisión de intimar las familias del Vivero II por la situación de riesgo ambiental que enfrentan.
Los habitantes del asentamiento -ubicado sobre un predio municipal que presentaría condiciones geológicas inestables- se reunieron luego con el intendente Marcelo Cascón para reclamarle la regularización de la toma o su traslado a un lugar seguro. El pedido de audiencia al mandatario obedeció a la desconfianza generada por el Instituto con las polémicas notificaciones.
Alex Olguín, uno de los ocupantes que se negaron a firmar la intimación, consideró que la medida fue "una falta de respeto" y cuestionó que "hayan notificado sin hacer una reunión con los vecinos para informar sobre el supuesto riesgo ambiental y mostrar los estudios geográficos (geológicos)". Mogensen explicó que la intención de la intimación no era desalojar a las familias sino lograr que se acerquen a las oficinas para buscar alternativas habitacionales.
