"En el último mes me han parado dos veces", dice un boliviano que vive en Madrid, asegurando que últimamente se han incrementado los controles policiales contra inmigrantes en situación irregular en la capital española. Lo que ya se conoce como la "caza de los inmigrantes ilegales" ha suscitado polémica en el país y ha hecho reaccionar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hoy aseguró que ha prohibido "taxativamente" la fijación de cupos de detención de "sin papeles" fijados por algunas comisarías de la ciudad. La víspera, no obstante, había admitido que existían "objetivos cuantitativos frente a la delincuencia".
El lunes se difundió en los medios una nota interna de una de las comisarias madrileñas en la que se fijaba un cupo de 35 "sin papeles" a detener por semana, preferentemente marroquíes, porque su expulsión es más fácil, según el documento. Al parecer, otras comisarías elevaban la cifra a 50.
El ministro negó ayer en el Congreso de los Diputados que hayan sido los máximos responsables policiales o él los que hayan dictado instrucciones, circulares u órdenes verbales o escritas que fijen el número de inmigrantes en situación irregular a detener.
Pero la polémica está ya servida en los medios de comunicación, en los partidos políticos y en la sociedad. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado del "papeles para todos" a una "persecución sistemática" de inmigrantes para "arreglarle las estadísticas al ministro", aseguró ayer la "número tres" del Partido Popular (PP), Soraya Sáenz de Santamaría.
Según relatan algunos extranjeros, la policía se para en las entradas del metro de algunos barrios con gran concentración de inmigración y pide los papeles a quienes su apariencia delata como no españoles.
También lo hacen, según dicen los inmigrantes, en los alrededores de los colegios, en los bares en los que suelen reunirse y en los locutorios telefónicos, de los que los extranjeros son los principales clientes. "Este año se han acentuado los controles. Me doy cuenta porque, aunque ya tengo papeles, me paran", declaró un ecuatoriano al diario "El País".
Las asociaciones de inmigrantes y varias ONGs denuncian que se persigue a los inmigrantes en la calle sin que hayan cometido delito alguno. "Cada vez tienen mayor inseguridad", afirman desde SOS Racismo. El Consejo General de la Abogacía criticó hoy también duramente que se discrimina y criminaliza "a las personas por la mera situación de su irregularidad administrativa".
"Las redadas policiales masivas, la caza del ´migrante", señalan los abogados, no es conforme a la Constitución. Según el padrón, que incluye tanto inmigrantes con permiso de residencia como a los que carecen de papeles, en Madrid viven unos 575.000 extranjeros, el 17,5 por ciento de los empadronados. Una vez detenido un inmigrante en situación irregular su destino puede ser un centro de internamiento o el regreso a la calle con una orden de expulsión. "Me parece un acto de racismo impresionante", asegura Fátima, de nacionalidad marroquí y con los papeles en regla. (DPA)
