Desde hace 17 años las transportes de pasajeros de larga distancia que pasan por Bariloche están obligados a descargar sus baños químicos en la plazoleta fiscal del municipio, que se responsabiliza de certificar la aptitud sanitarias de los vehículos.

Esa operatoria fue impuesta en los tiempos del cólera y conservada desde entonces como una función indelegable del Estado, por razones vinculadas con la prevención de enfermedades infectocontagiosas y el cuidado de la salud pública.

Una ordenanza que en las últimas semanas el Concejo sancionó dos veces (en el medio, rechazó por unanimidad un veto parcial del intendente Cascón) desactiva esa facultad exclusiva del municipio en el tratamiento de los baños químicos y habilita a las empresas a realizar las descargas en sus propias instalaciones.

La modificación, de apariencia meramente instrumental, derivó en un contrapunto ideológico de vasto alcance sobre el rol del Estado y las responsabilidades de la administración pública en la prevención de la salud.

Si bien la norma fija las condiciones de habilitación que deberán cumplir las transportistas para esa tarea, el municipio no cuenta con la capacidad para evitar eventuales abusos y trampas.

Las mismas empresas que habitualmente fuerzan a sus choferes a trabajar más horas que las permitidas y que violan máximos de velocidad para cumplir sus horarios, están lejos de ofrecer las garantías de responsabilidad y autodisciplina que parecen dar por hechas los concejales.

Proponer que los inspectores realicen una vigilancia itinerante en los garages y talleres de las transportistas es una invitación al desmadre. No es novedad que esa función del municipio enfrenta un debilidad estructural y es motivo de continuas críticas en la actual gestión tanto como en las anteriores.

Los ediles que votaron la ordenanza hicieron muy poco por desbaratar las sospechas sobre la verdadera motivación del proyecto. La primera señal de alerta fue la aprobación sobre tablas en la última sesión del año pasado, sin análisis en comisión ni consultas al DPA, la CEB y Salud Ambiental.

Ya con el ambiguo veto de Cascón entre manos, tampoco salvaron esa omisión. Pero tal vez lo más sugestivo fue que ninguno de los autores del proyecto (un mosaico de oficialistas y opositores que integraron Claudio Otano, Laura Alves, Daniel Pardo, Silvana Camelli y Darío Barriga) se tomó el trabajo de justificar el apuro y menos aun de replicar las objeciones sobre el proyecto.

Antes de votar en contra, Arabela Carreras y Alfredo Martín buscaron ahondar en el debate y descalificaron la ordenanza por su vocación "menemista" de achicar el Estado y relajar los controles sobre el sector privado.

Tantas veces entusiasmados en discusiones banales, esta vez los concejales aludidos guardaron sugestivo silencio.

Ocurrió también en el debate del presupuesto 2009 y en el tratamiento del proyecto inmobiliario "Dos Valles": es notoria la reticencia de muchos a ediles fundar sus votos desde un cuerpo de principios y a exponer sin rodeos su adscripción ideológica. Parecen estar seguros de que la ambigüedad en ese terreno es lo más apropiado en los tiempos que corren y también una plataforma ideal para virar en cualquier sentido sin pagar mayores costos.

En cuanto a los baños químicos, el intendente Cascón planeó sobre el tema sin entrarle a fondo y su posición fue coincidente con el temperamento dominante en el Concejo.

Lo curioso es que Cascón citó entre las razones del veto parcial "el informe de la dirección de Tránsito y Transporte de fecha 6 de enero de 2009", al que en los hechos hizo caso omiso. Ese informe ataca la norma porque "pretende delegar el poder de policía que sustenta el Estado" y considera "grave" que los ediles la hayan aprobado sin conocer los antecedentes del caso.

"La consecuencia que se puede anticipar es que para poder realizar una correcta fiscalización habrá que diseminar inspectores las 24 horas por todas las nuevas bocas de descarga con el fin de garantizar algo tan frágil como la salud pública, con el incremento presupuestario que en estos momentos el municipio no puede afrontar, o en su defecto, dejar incrementar los riesgos con lo que ello implica", ilustra el informe invocado por Cascón.

En el párrafo más revelador, el escrito firmado por el director de Tránsito, José Alonso, refiere que desde hace "varios años" las grandes empresas de transporte "vienen presionando añ municipio para realizar las descargas en sus instalaciones" y pone en evidencia que "en esta gestión la presión constante de estas corporaciones ha logrado doblegar el poder de policía municipal".

No será tarde entonces para aclarar ése punto cuando el cuerpo Deliberante deba analizar el pedido de derogación de la ordenanza que ya presentó el bloque del Frente Grande y que podría continuar en adelante con una presentación a la Justicia.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar