Cuando para sorpresa de todos el gobierno decidió de golpe estatizar los fondos jubilatorios privados, imaginaba que la medida serviría para robustecer la confianza en su capacidad para enfrentar los vencimientos próximos de la deuda externa, pero la reacción fue muy distinta. Lejos de sentirse reconfortada por la presunta voluntad oficial de ir a cualquier extremo en defensa de las finanzas nacionales, la mayoría atribuyó la iniciativa al pánico que a su entender sentía el gobierno ante el agotamiento del "modelo" y una crisis internacional alarmante, de suerte que se intensificó todavía más la fuga de capitales que ya estaba en marcha. Igualmente costosa para el gobierno kirchnerista, y para el país, podría resultar ser la polémica que se ha desatado en torno a las cajas de seguridad de los bancos. Aunque en la actualidad los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no pueden abrirlas a menos que cuenten con una orden judicial, se teme que de agravarse la situación económica el gobierno presione a la Justicia para que agilice los trámites necesarios, de este modo privando a los tenedores de dichas cajas de la protección legal de la que siempre han disfrutado. Huelga decir que el hecho de que el jefe de la AFIP sea un "soldado de Kirchner" tan notorio como Ricardo Echegaray no ha contribuido en absoluto a tranquilizar a los preocupados por la rapacidad oficial.

En principio, es legítimo el deseo de la AFIP de averiguar el contenido del aproximadamente medio millón de cajas de seguridad que están en el sistema bancario nacional, puesto que es más que probable que las aprovechen muchos evasores impositivos. Es por eso que ha "invitado" a través de cartas a quienes las tienen a hacer su aporte al blanqueo más reciente. Pero por razonables que puedan ser en teoría los intentos de la AFIP de inducir a los titulares de las cajas a informarle del contenido, el impacto psicológico ha sido abrumadoramente negativo. Incluso para la mayoría que nunca ha tenido motivos para solicitar una caja de seguridad bancaria, su existencia significa que dentro del sistema formal aún hay un refugio relativamente confiable. Mientras que gobiernos anteriores no han vacilado en saquear las cajas de ahorro, convirtiendo en bonos o pesificando su contenido y de este modo esquilmando a millones de personas en beneficio de los sectores favorecidos de turno que, desde luego, suelen estar conformados por empresarios vinculados con el poder, hasta ahora todos han respetado las cajas de seguridad. Al plantear la posibilidad de que en adelante las cajas de seguridad podrían ser tan vulnerables como las de ahorro, pues, la AFIP kirchnerista ha asestado un golpe contra la confianza no sólo de la minoría que prefiere mantener valores dentro del país, si bien fuera del alcance de las autoridades tributarias, sino también de muchos otros.

Hasta hace muy poco el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que desempeña un papel informal pero decisivo su marido, el ex presidente, intentó minimizar la gravedad de los problemas económicos tanto endógenos como exógenos al insistir en que la Argentina estaba en condiciones de seguir creciendo aun cuando el resto del mundo se hundiera en una recesión. Pero las acciones suelen ser más elocuentes que las palabras. La confiscación de los fondos jubilatorios privados, la serie de tarifazos que se han visto impulsados por la imposibilidad de continuar subsidiando el consumo de energía y, claro está, el interés evidente de la AFIP en tener acceso a las cajas de seguridad hacen sospechar que la situación es mucho más peligrosa de lo que quisieran convencernos los voceros oficiales y, lo que es peor, que a fin de mantener llena su propia caja los Kirchner estarían dispuestos a tomar medidas recaudatorias que son virtualmente inéditas en nuestro país. Se cree que el año pasado más de 23.000 millones de dólares se fueron del sistema financiero nacional en busca de lugares menos riesgosos; si el gobierno sigue enviando a la ciudadanía, y a los inversores extranjeros, señales como la insinuada por la "invitación" a los titulares de cajas de seguridad a declarar el contenido, la sangría así supuesta cobrará más fuerza.