La crisis económica global está encendiendo en China la mecha de una explosión social. Más de 20 millones de trabajadores migratorios han perdido sus empleos, mientras que el gobierno de Pekín advierte que el 2009 "posiblemente será el año más duro" desde el inicio del milenio. Las autoridades chinas temen que se desaten disturbios entre la población rural, de unas 600 millones de personas, y que aumenten los conflictos con los trabajadores despedidos, que a veces son echados sin pago de salario.
Con el objetivo de evitar una escalada de las tensiones, los funcionarios locales tienen que trasladarse personalmente "al frente" para labores de mediación en vez de ordenar la represión violenta de las protestas. Para tener una idea de cuán grave es la situación, cabe citar las palabras de Chen Xiwen, director de la oficina del Partido Comunista para el trabajo rural, quien expresa la política oficial de que "no se pide la intervención de la Policía mientras no se den casos extremos de violencia como peleas, saqueos o incendios provocados".
Durante estas semanas siguientes a la celebración del Año Nuevo chino, los trabajadores migratorios, que tradicionalmente regresan a sus pueblos en esta época del año, comienzan a buscar nuevos empleos, muchas veces en vano. Las agencias de empleo confirman que la demanda de mano de obra ha bajado notablemente, sobre todo por parte de la industria exportadora, severamente afectada por la crisis. A muchos de los despedidos incluso les ha faltado el dinero para regresar a sus lugares de origen con motivo de la mayor fiesta familiar china.
Este año, la crisis mundial reducirá a la mitad el crecimiento de la economía china del 13% alcanzado en el 2007. La producción china lleva seis meses contrayéndose. Con un optimismo tendencioso, el primer ministro Wen Jiabao intenta levantar la baja moral. En Londres, durante su reciente gira europea, anunció que ya se está viendo "la luz al final del túnel". En términos más bien vagos adelantó que el gobierno chino posiblemente decida aplicar nuevas inyecciones de dinero en la economía, más allá del programa de estímulo anunciado el pasado mes de noviembre por un monto de más de 400.000 millones de euros (más de 500.000 millones de dólares). Sin embargo, los expertos creen que la crisis aún no ha tocado fondo, ni mucho menos, y que la situación no comenzará a mejorar hasta la segunda mitad del año, como muy pronto. "Tenemos aproximadamente 25 ó 26 millones de trabajadores migratorios a quienes les resulta difícil ahora encontrar trabajo", señala Chen Xiwen al advertir sobre el peligro de una desestabilización social en el país.
Muchas veces, de cada uno de los 130 millones de trabajadores migratorios que existen en China según las cifras oficiales dependen familias enteras de campesinos. Sus ingresos cubren hasta las dos terceras partes de los recursos disponibles de una familia. Sin embargo, el gobierno pretende que justamente la población rural, especialmente afectada por el desempleo, compense el desplome de las exportaciones y salve la economía china mediante un aumento de sus niveles de consumo. "El mayor potencial para fomentar la demanda se encuentra en el sector rural", señala un documento elaborado por el Consejo del Estado y el Partido Comunista. El documento contiene una amplia lista de programas para destinar miles de millones de dólares a proyectos de desarrollo o directamente a los campesinos. Sin embargo, ni siquiera en tiempos mejores el gobierno había logrado acelerar el aumento de los ingresos de las familias rurales. Pese a las buenas intenciones, la brecha entre los campesinos pobres y las clases acomodadas de las ciudades no ha dejado de crecer. En situaciones de crisis como ésta también se ven las consecuencias de la falta de un sistema de seguridad social, ya que con el aumento del desempleo disminuye la disposición a gastar dinero.
ANDREAS LANDWEHR
DPA