La causa judicial que investigó las coimas pagadas en razón de la concesión de casinos y tragamonedas en Río Negro es, en un sentido, un caso ejemplar.

Lo es porque permitió obtener certeza jurídica sobre tal desmanejo y que se fijaran condenas severas -de cinco, cuatro y tres años y medio de prisión efectiva- para el funcionario, el empresario y el partícipe necesario de la maniobra.

Considerando que los casos de corrupción son de los más difíciles de esclarecer y la regla es que queden impunes, la sentencia conocida el jueves es un hecho notable. También lo es por la solvencia y la profundidad con que en ella se describen los hechos y las pruebas que los sustentan.

También en otro aspecto este expediente resultó un ejemplo, pero de lo que no debería suceder: durante todos los años en que se tramitó, esfuerzos notables evitaron que la Instrucción llegara a involucrar a quien, en más de una ocasión, se aludió como el actor oculto en la trama: el entonces gobernador Pablo Verani.

Como el submarino mayor en una "batalla naval", las imputaciones y testimonios fueron golpeando una y otra vez a los costados del actual senador, dejándolo salpicado, pero indemne.

Ni siquiera el pedido fundado en la estrategia defensista del ex presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, logró mover la lente de la mira telescópica.

En fin. Hasta el momento, todo parece indicar que una serie de evidentes y groseros hechos de corrupción no quedará impune.

No corresponde al presente esclarecer si ese resultado habrá sido logrado a cambio de que la mirada fiscalizadora no apuntara hacia la sala del timón.

El hecho es que la sentencia no tiene desperdicio. No sólo por la certeza a la que llegan los jueces en su voto unánime, sino también por la que surge de la lectura de los testimonios.

Puede a través de ella reconstruirse el modo en que casi 1.200.000 pesos fueron derivados mediante un ardid por el concesionario del juego al funcionario que debía controlarlo.

Según los jueces, está probado que esos pagos se efectuaron con la finalidad de evitar que le fuera rescindido el contrato ante los múltiples incumplimientos de todo tipo.

Más de un millón de pesos que Tecno Acción -una empresa que sigue teniendo negocios con el Estado provincial- pagó supuestamente por una misteriosa máquina que nunca fue usada y que nadie mostró, que habría sido diseñada por Ferrari, quien habría recibido el asesoramiento de un basquetbolista con ciertos conocimientos de marketing -que nunca acreditó-.

Creer tal argumento implicaría pensar que personas avezadas en negocios estuvieron dispuestas a invertir asumiendo riesgos impensables, y preguntarse cómo hoy son prósperos empresarios.

Se describe también el cambio contractual que incrementó en 10 puntos porcentuales la ganancia a la empresa concesionaria de Ferrari, quitando en igual porcentaje ingresos al Estado de lo recaudado por el juego. Al mismo tiempo que el 15% de lo facturado por Varsa volvía en cesiones a empresas sello, creadas por el funcionario Irigoyen. Y a cada incumplimiento o cheque sin fondos, éste se limitaba a enviar intimaciones, sólo para cumplir.

Si bien el fallo alude a hechos pasados, no resulta indoloro para la actual administración: los jueces objetaron "desconocimiento o impericia" de contadores del Estado y contradijeron el testimonio del actual presidente de Lotería, quien buscó justificar el cambio de porcentajes en favor de Varsa sin fundamentos razonables.

Sobre lo que quedó sin ahondar, es elocuente lo dicho por el testigo Vasconcellos -quien de nada debía defenderse- y que manifestó que los cheques no los cobraba Ferrari para sí sino "para otro". Dio cuenta de que uno de los defensores promovió ardides para fraguar una inexistente relación comercial que fundamentara los pagos cuando el tema salió en los diarios. Y nombró incluso al actual ministro Verani como preocupado en "solucionar el tema".

El propio Irigoyen insistió una y otra vez en que sus decisiones eran visadas por el contador, el asesor legal, el fiscal de Estado y el gobernador, y reprochó que se lo investigara a él pero "no para arriba ni para abajo".

Para "abajo", muchos funcionarios tenía Irigoyen. Para arriba, sólo Verani.

Hacia él pidió la Cámara que se orientara la investigación, pero nunca ocurrió.

Si, como dijo Irigoyen, ni un centavo fue a parar a su bolsillo, correspondía que él mismo aclarara dónde fue el dinero que ilegalmente pasó -eso se considera probado- por sus manos.

Al haber optado Irigoyen por el silencio, es probable que haya tenido en cuenta reconocer favores políticos. Pero esa decisión implica para él el costo de soportar la condena en forma personal.

Lo que para la Cámara quedó probado de un modo evidente es que Irigoyen se sintió al momento de los hechos tan libre de vigilancia o amparado por el poder, que no vaciló en formalizar una cesión de los créditos que Varsa debía percibir, en favor de una empresa ficticia que él mismo contribuyó a crear y cuyo titular era el amigo del hijo del gobernador.

Pero en ningún momento del juicio se probó que el conocimiento entre Irigoyen y Santamaría fuera de tal confianza que justificara que aquél tomara a éste como su protegido o -probadas las coimas- como su fachada en un tema tan sensible.

Las explicaciones respecto de que Santamaría, un joven que hasta el momento de los hechos había dedicado más tiempo al básquet que a su formación intelectual, cobró por asesorar en los negocios a Ferrari resultaron increíbles.

Tampoco convenció a los jueces Ferrari cuando señaló que Verani, Jouliá y el propio Irigoyen lo habían perjudicado al punto de dejarlo poco menos que en la ruina.

Desde el punto de vista político, esta causa deja un mensaje contundente para funcionarios de segundas y terceras líneas que pudieran sentirse animados a transgredir normas en situaciones de poder. Es de suponer que serán más cautos si suponen que pueden quedar enfrentados en soledad a las consecuencias de actos adoptados en ejercicio de la responsabilidad de administración.

Lleva también a reflexionar que no es en los discursos ni en los afiches preelectorales donde debe medirse la sensibilidad social de un político o su deseo de promover el bien común. Son sus acciones las que hablan más sobre sus verdaderas prioridades e intereses.

Y nada hay de progresista ni popular en un funcionario que fuera capaz de desviar o evitar que lleguen a fines sociales los fondos producidos de los juegos de azar, actividad que el Estado protege sólo a los efectos de enmarcarla en la legalidad, y con la finalidad de eludir el aprovechamiento que particulares suelen hacer de los incautos y de los ludópatas.

En síntesis: el saldo más favorable que deja el caso es que la Justicia rionegrina ha avanzado claramente en favor de que reciba castigo el accionar de empresarios que hacen negocios con la política y su necesaria contrapartida: el de políticos que utilizan un cargo como vehículo para concretar negocios.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar