BUENOS AIRES (ABA).- En lo que sería una decisión innovadora, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Justicia que el decomiso de los bienes de María Julia Alsogaray que fueron producto de enriquecimiento ilícito -según condena confirmada por la Corte Suprema- sean entregados al Hospital Garrahan. En diciembre pasado el más alto tribunal convalidó una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal contra la mencionada ex funcionaria menemista con un pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por seis para ejercer cargos públicos, además del "decomiso por 500.000 dólares y 622.000 pesos producto de su desempeño fraudulento".

Pero además de la asignación de esos bienes al Garrahan -a la que el Tribunal de Alzada hizo lugar- los representantes de CIPCE pidieron a los magistrados que "tomen las medidas necesarias para evitar que Alsogaray eluda el decomiso transfiriendo sus bienes a familiares y amigos". Este último paso es imprescindible para la eficacia de la medida, por ello la mencionada ong les requirió a los jueces que los bienes embargados se ejecutaran de manera inmediata para que no prescribiera la medida o la persona condenada recurriera a artilugios y se esfumara el dinero. "Va a ser la primera condena en casos de corrupción en que se ordena el decomiso y que esa plata se restituya para un fin específico del Estado", afirmó Cecilia Vázquez, coordinadora del área de litigio de CIPCE. Vázquez recordó que cuando la causa estaba en juicio oral los representantes de CIPCE "nos presentamos como ´amigos del tribunal´ y sugerimos que los montos recuperados se restituyeran al Garrahan por tratarse de un hospital reconocido que atiende a pacientes de todo el país y hasta a extranjeros, además de lo que significa que la plata robada vaya a un fin específico en lugar de al presupuesto del Estado".

La integrante de CIPCE señaló que las causas por corrupción tardan en promedio 14 años por lo que suelen prescribir; "es necesario seguirlas y apenas salgan las sentencias recurrir al decomiso como herramienta por un lado preventiva en la comisión de futuros delitos de esta índole y, por el otro, reparadora de las consecuencias del mismo". De todos modos la misma admitió que sancionada la ley de blanqueo de capitales se complica el avance de casos como el de Skanska, donde si bien hay trabadas medidas cautelares, tanto el juzgado en lo Penal Económico como el federal avanzan muy lentamente. Lo propio en la causa Siemens, en la que el juez Ariel Lijo va a viajar en abril a Estados Unidos.