LA PAZ.- El gobierno de Bolivia estableció ayer que el ex presidente de la estatal petrolera YPFB y poderoso dirigente oficialista, Santos Ramírez, cometió al menos cinco tipos de delitos, en un sonado caso de corrupción relacionado a una firma boliviano-argentina. El directivo ahora se encuentra con prisión preventiva.

La ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, entregó a la Fiscalía todo el material jurídico relacionado al presunto pago de una coima de la compañía Catler Uniservice a Ramírez, quien fue retirado del cargo hace una semana por orden de Evo Morales.

"Hemos podido detectar que existen algunos indicios que tienen que ver con contratos lesivos contra el estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo", afirmó Suxo.

La ministra explicó que esos delitos fueron cometidos por "Santos Ramírez, la directora jurídica, Esther Carmona y el director Administrativo Marco Vega", ambos de la empresa petrolera YPFB, y la comisión que adjudicó la construcción de una planta de gas a Catler Uniservice. Esta compañía, con sede en Salta, Argentina, y asociada a capitales bolivianos, se adjudicó en julio pasado la instalación de una planta separadora de líquidos de gas (gasolina y gas licuado de petróleo), por 86 millones de dólares en la región de Santa Cruz (este). El pago de la presunta coima salió a luz pública hace dos semanas, cuando el gerente de Catler Uniservice, el boliviano Jorge O´Connor, fue asesinado en la vía pública, luego de que delincuentes comunes le robaron 450.000 dólares, que el empresario portaba en efectivo en un maletín. Ese dinero debía ser entregado a dos cuñados de Santos Ramírez, y aunque éste negó las acusaciones fue destituido. (DPA)