Una maniobra política y contable para sostener con publicidad oficial Radio Del Plata y, a la vez, eliminar de ella voces críticas como la del periodista Nelson Castro denunció penalmente la ONG "Contadores Forenses" a través de uno de sus integrantes, Alfredo Popritkin. La denuncia ingresó en la Cámara Federal Criminal y Correccional Federal ayer, y fue asignada al Juzgado Federal N° 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. No se descarta que el magistrado se excuse, ya que en 2004 fue denunciado por Popritkin por amenazas cuando éste se desempeñaba como perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia es contra Enrique Albistur, secretario de Medios de Comunicación, los funcionarios que hayan permitido los hechos, y -como partícipes- Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, propietarios de las empresas "Electroingeniería S.A." y "Grupo Empresarial Argentino S.A".

Se pide investigar si Electroingeniería -una empresa de fuerte vinculación con el kirchnerismo- adquirió Radio Del Plata teniendo garantizado que el gobierno le otorgaría una pauta publicitaria abultada, que le permitiría en poco tiempo amortizar el dinero destinado a la compra y, a la vez, hacer rentable un medio que daba pérdidas. Ese acuerdo habría incluido rescindir el contrato del periodista Nelson Castro, por ser crítico del gobierno.

Citó la denuncia declaraciones del propio Nelson Castro en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, ocasión en que había dicho: "estas empresas compran y después se sustentan con la publicidad oficial".

Los denunciantes manifiestan que "una decisión de inversión publicitaria por parte del Estado debe obedecer a razones de costo/utilidad, o bien, aplicarse criterios políticos claros y transparentes. Nunca sobre la base de criterios arbitrarios, antojadizos o no revelados". Citaron al respecto el fallo de la Corte en el caso "Editorial Río Negro contra Provincia de Neuquén".

Describieron que "si una parte de los ingresos de una emisora radial proviene de fondos públicos, bajo la forma de la publicidad oficial, y su asignación e incrementos no encuentran límites, no siguen criterios racionales y lógicos, siendo similar la voluntad del receptor de la pauta y la de su otorgante, personas que buscan un mismo objetivo común, pues el "negocio" pasa a ser estupendo. Aunque, en tal caso, se aleja del ámbito de las actividades lícitas y se ingresa en el terreno criminal".

Estimaron que "el perjuicio para el Estado Nacional alcanzaría la suma de $ 43,4 millones de pesos un año". La maniobra sería ""transformar fondos públicos en recursos privados y el verdadero objetivo político, volcar la línea editorial y periodística de la emisora a favor de la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su esposo y su entorno, con quien la empresa tendría intereses comunes".

Como prueba, recomendaron los denunciantes una pericial contable con concretas especificaciones, a fin de determinar el cambio en la asignación de la publicidad a partir de la transferencia de la radio, si el precio y el monto de la publicidad asignada tienen relación con el rating y su evolución, y se analice el modo contable de asentar las sumas en la empresa.