La Constitución española -fruto de un consenso entre la izquierda y la derecha, enfrentadas sangrientamente en la Guerra Civil- recoge una serie de mandatos socialmente muy avanzados dirigidos a promover la participación de los ciudadanos en la vida económica y social. El más llamativo es el que señala la obligación de establecer "los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Más prudentemente, la carta magna también contempla la conformación de un Consejo Económico y Social (CES) para favorecer la participación de los agentes económicos y sociales, un modelo que parece del agrado del gobierno argentino.
La ley que organiza el CES data de 1991 y fue dictada durante el gobierno de Felipe González. Está concebido como un órgano consultivo que debe emitir dictámenes en la actividad normativa del gobierno referida a las materias socioeconómica y social. Cumple, al mismo tiempo, la función de plataforma permanente que posibilita el diálogo y la deliberación entre empresarios y sindicatos. Finalmente, constituye un instrumento que facilita la comunicación fluida entre los agentes económicos y sociales y el gobierno.
El Consejo Económico Social español está integrado por 61 miembros, incluido su presidente. De ellos, 20 componen el Grupo Primero en representación de las organizaciones sindícales; 20 el Grupo Segundo, en representación de las organizaciones empresariales, y 20 el Grupo Tercero, correspondiendo de ellos tres al sector agrario, tres al marítimo-pesquero, cuatro a consumidores y usuarios y cuatro al de la economía social, siendo los seis restantes expertos en las materias competencia del organismo. No se contempla la participación de representantes del gobierno dados el carácter de órgano consultivo y la conveniencia de garantizar su independencia en la formación y emisión de sus criterios.
El presidente del Consejo Económico y Social es nombrado por el gobierno a propuesta conjunta de los ministros de Trabajo y de Economía previa consulta a los grupos de representación que integran el cuerpo. En cualquier caso, la persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con el apoyo de, al menos, dos tercios de los miembros del consejo. En lo que se refiere a los representantes de los tres grupos, son designados por el gobierno a propuesta y en proporción a la representación de tienen las distintas organizaciones sindicales, empresariales o sociales.
En España existe una consolidada cultura del diálogo social. En los primeros años de la transición española la elevada tasa de inflación impulsó a los sectores económicos a alcanzar pactos que regularan el incremento de los salarios. En esencia, la parte más relevante de los Pactos de la Moncloa consistía en el acuerdo de fijar el aumento de salarios en base a la inflación futura calculada y no en la tasa de inflación pasada. De este modo se pudo controlar el fenómeno inflacionario gracias a los sucesivos acuerdos económicos y sociales alcanzados entre empresarios y sindicatos. Si bien institucionalmente el CES no suscribe esos pactos, es evidente que la presencia de una plataforma permanente de negociación los facilita.
Merece destacarse que en España existe pluralidad sindical, es decir que hay varias centrales sindicales que representan a los trabajadores, diferenciadas por su distinta adscripción ideológica: Comisiones Obreras, originariamente comunista; UGT, socialista; CNT, anarquista, etcétera. La propia Constitución española señala que la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son completamente libres de toda tutela estatal; impone un único límite: "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".
La iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de conformar en Argentina un consejo económico y social siguiendo el modelo español debe ser saludada como una idea atractiva y sugerente. Sin embargo, la falta de pluralidad sindical y de democracia interna en el seno de las organizaciones sindicales constituye un pesado lastre que puede llevar la iniciativa a una vía ineficaz y burocrática.
La organización del CES argentino constituye una ocasión que no debería ser desaprovechada para provocar un cambio radical en la cultura corporativa, cerrada y anacrónica de nuestro modelo sindical.
ALEARDO F. LARÍA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado y periodista
