NEUQUÉN (AN).- "La sentencia nos conforma en tanto da por probados los hechos, porque condena a los imputados por delitos de lesa humanidad y con ello se reconoce la existencia de un plan sistemático", que es lo que se vio denunciando siempre, dijo Nerea Monte, querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) sobre la sentencia conocida ayer contra los responsables de secuestros, torturas y la desaparición de una persona en la zona, durante la dictadura militar.
La abogada y dirigente social dijo que los fundamentos de la sentencia los conformaron "porque se llegó a la condena, a partir de un análisis muy extenso en el que se cita jurisprudencia y doctrina muy abundante".
Monte comentó que los jueces, al admitir que hubo delitos "de lesa humanidad se están rechazando los planteos presentados por los defensores. Es un argumento muy consistente".
Añadió que en la entidad valoran que los vocales del Tribunal "hayan admitido el delito de la asociación ilícita y consideran responsable a los imputados por todos los delitos, aunque en el caso de Francisco Oviedo por un caso, dan la máxima pena posible de dar para estos delitos".
Lamentó no obstante que la desaparición de una persona -el caso de Oscar Alfredo Ragni-, quedara finalmente con la figura de privación ilegítima de la libertad agravada.
"Ello porque no hay cuerpo ni prueba del asesinato. El ex juez Guillermo Labate dice en su auto de elevación a juicio, como nosotros, que después de 32 años el destino no pudo ser otro que la muerte. Pero bueno, eso hay que probarlo".
