CIPOLLETTI (AC).- Militantes de agrupaciones de derechos humanos; exdetenidos en la época del "proceso", activistas y vecinos se manifestaron ayer en apoyo de Celia Adriana Marino -quien padeció lo indecible en el centro clandestino "Pozo de Banfield" y en las cárceles de Olmos y de Villa Devoto- en contra del desalojo que se iba a producir en la casa que la mujer posee en el barrio Prieto adquirida con el dinero que el Estado argentino la indemnizó, como a otros miles, por haber sido víctima de la "Triple A" y de la dictadura militar.

El desalojo está inserto en un juicio que le inició su ex marido porque durante el matrimonio se adquirió esa propiedad, aunque Celia Marino opina que se trata de un reclamo "inmoral" ya que no se puede considerar bien ganancial compartible un dinero -95.000 dólares- de indemnización del Estado por padecimientos y vejaciones desde 1975 a 1982 con el que, según la mujer, se adquirió ese inmueble, cuando la pareja se hallaba estable.

Y para probar que fue con su indemnización por presa política con la que se adquirió la casa, sita en la calle Primero de Mayo en una zona residencial, muy tranquila, Marino y su abogada están solicitando desde hace tiempo una pericia contable "para diferenciar bienes propios de los gananciales", según dijo ayer mientras se desarrollaba la manifestación con carteles que se fueron desplegando frente al inmueble y al que, al final, por lo menos en la víspera, no concurrieron agentes judiciales a producir el desalojo.

La medida fue dictada por la conjueza del juzgado de Familia, la doctora Marcia Verdugo.

En la casa del barrio Prieto vive la mamá de la exdetenida, una señora de 80 años, porque Marino con un hijo de 15 años habita otro inmueble.