Es sin duda muy simpática la resolución judicial según la cual las empresas distribuidoras de electricidad no podrán dejar de suministrarla a quienes se nieguen a abonar los aumentos recientes, pero esto no quiere decir que sea sensata. Mal que les pese al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y a la jueza Cecilia De Negre, generar y distribuir energía cuesta dinero, de suerte que en última instancia alguien tendrá que pagar. Si el encargado de hacerlo no es el consumidor, le tocará a la ciudadanía en su conjunto, incluyendo, desde luego, a los pobres que subsidiarán a los más ricos, como en efecto ocurría hasta que el gobierno finalmente optó por permitir que se ajustaran tarifas que habían estado virtualmente congeladas desde el 2002. En esta ocasión, tiene razón el ministro de Planificación, Julio De Vido, que al apelar contra la medida afirmó que "no consideramos lógico ni justo que el gobierno nacional, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, subsidiara este consumo". Es una lástima que De Vido no se haya dado cuenta mucho antes de lo ilógico e injusto que era el sistema enmarañado de subsidios con los que trataba de proteger a la gente de las vicisitudes económicas, puesto que en tal caso no se hubiera sentido obligado a cohonestar incrementos tan insólitamente aumentados como los anunciados, que en algunos casos llegan al 400%, pero así y todo su postura actual es más razonable que la adoptada por Mondino, quien parece creer que consumir energía barata es un derecho inviolable. Ojalá que lo fuera, pero en el mundo que efectivamente existe es necesario respetar ciertas realidades económicas.
Cuando de la energía se trata, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de descubrir que el populismo tiene patas cortas. Siempre es posible repartir durante cierto tiempo beneficios, como los supuestos por el congelamiento de las tarifas de servicios esenciales, entre distintos sectores de la población, pero tarde o temprano llegará la hora de pagar las cuentas. La tesis kirchnerista original, conforme a la que las empresas deberían hacerlo porque en los años noventa del siglo pasado su negocio fue muy rentable, resultó ser políticamente atractiva, pero en términos económicos fue absurda. Como se previó, nadie quiso invertir más de lo mínimo imprescindible en energía, de ahí las deficiencias cada vez más graves de un sistema que diez años atrás funcionaba con eficacia pero que en la actualidad corre peligro de colapsar toda vez que hay una ola de calor o de frío polar. Aunque el gobierno de Cristina parece haber abandonado la fe voluntarista que subyacía en las medidas tomadas por Néstor Kirchner cuando aún era presidente, se resisten a acompañarlo Mondino, la jueza De Negre y, es innecesario decirlo, los miles de usuarios indignados que están protestando contra el cambio de política oficial.
Los voceros de las empresas distribuidoras insisten en que nunca se les ocurrió cortarles la luz a quienes se negaran a abonar las facturas, diciendo que lo único que harían es ofrecerles a los consumidores un plan de pago flexible, pero a menos que puedan dejar de suministrar energía a los indebidamente morosos, sus ingresos mermarían y, como resultado, se deterioraría todavía más su capacidad para satisfacer la demanda.
Mal que bien, a menos que el país opte por resignarse al derrumbe progresivo del sector energético, le será forzoso invertir más, mucho más, en él. ¿Dónde encontrará el dinero preciso? Conforme al gobierno, al menos una parte tendrá que proceder de los bolsillos de quienes más consumen, los que, supone, son también quienes perciben ingresos más altos. Puede que sea así en términos generales, pero según algunos partidarios de restaurar el statu quo anterior, muchos pobres consumen decididamente más que el promedio y por lo tanto están entre los más golpeados por el tarifazo. De resultar así, que los demás continúen subsidiando su consumo se convertiría en una alternativa.
En cambio, no lo sería que la sociedad en su conjunto siga subsidiando a todos sin discriminar entre los usuarios que además de consumir mucho están en condiciones de pagar un precio razonable por un lado y, por el otro, aquellos que realmente necesitan mucha energía pero para recibirla dependen de la generosidad ajena.