El gobierno español estudia un proyecto de ley que exigirá que los tribunales que intenten realizar investigaciones a nivel internacional demuestren primero la existencia de un vínculo de los casos con España, informó ayer la prensa local.

La Audiencia Nacional de España está investigando varios casos internacionales bajo el principio de jurisdicción universal. Entre otros acusados figuran el líder de Al Qaeda Osama ben Laden y el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.

Partidarios de la jurisdicción universal dicen que algunos crímenes son tan horrendos que toda la humanidad es una víctima de ellos y que por lo tanto hay que procesarlos, pero la práctica ha causado debates en España y críticas en el extranjero. Algunos dicen que sería bueno que España se preocupe de sus propios problemas, especialmente cuando aún no ha aclarado su sangriento pasado en todas sus dimensiones.

El gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero estudia un proyecto de ley para limitar el alcance de los tribunales españoles, informaron la cadena de radio Ser, el canal Cuatro de televisión y el periódico "El País".

En la actualidad, la ley española permite el proceso a presuntos criminales sin importar dónde se haya cometido el delito. Si el proyecto es promulgado, los tribunales sólo podrán procesar presuntos crímenes que tengan vínculos con España, dijeron los medios de prensa españoles, que no citaron fuentes.

La Cadena Ser reveló en su portal de internet que el principio de justicia universal sólo será aplicado en casos que involucren a ciudadanos españoles o a acusados detenidos en España, o en casos donde existan obvios vínculos históricos o culturales con España. El tema causó un nuevo debate el jueves, cuando un juez español lanzó una investigación contra siete funcionarios y ex funcionarios israelíes en relación con un atentado del 2002 que mató a un miliciano de Hamas y a otras 14 personas, entre ellas nueve niños.

No han existido hasta ahora condenas bajo el principio de jurisdicción universal de España. Sólo una persona ha sido extraditada para enfrentar acusaciones en España: el ex oficial del ejército argentino Ricardo Miguel Cavallo, deportado por México en 2003, pero un tribunal español dictaminó en el 2006 que Cavallo debería ser procesado en la Argentina por presuntos crímenes durante la "guerra sucia" en su país, en las décadas de 1970 y 1980.

Muchos expertos legales dicen que España debería preocuparse primero por sus propios problemas judiciales. Por ejemplo, los jueces españoles nunca acusaron a sus ciudadanos por crímenes cometidos en nombre del dictador Francisco Franco, que gobernó entre 1939 hasta su muerte en 1975. Y hace apenas dos años que aprobó una ley admitiendo que hubo víctimas en la guerra civil de 1936-1939, que causó un millón de muertos.

HAROLD HECKLE

(AP)