El presidente de Bolivia, Evo Morales, relevó hoy al titular de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, a quien un fiscal investiga a raíz de denuncias de la prensa que lo acusaron de varios hechos de corrupción. En lugar de Ramírez asumió hoy mismo Carlos Villegas, quien fue ministro de Hidrocarburos y de Planificación del Desarrollo bajo el mandato de Morales, según reportó la agencia noticiosa alemana DPA. 

Ramírez negó ayer las acusaciones sobre una supuesta estafa a la petrolera estatal y sus presuntas vinculaciones con un grupo receptor de sobornos de la compañía boliviano-argentina Catler-Uniservice, que la prensa publicó sobre la base de denuncias anónimas.

Según el fiscal Marcos Vidal, asignado al caso, se investiga un supuesto pago de 450.000 dólares que los ejecutivos de esa empresa se aprestaban a efectuar en La Paz el martes pasado, cuando fueron asaltados por una banda de sicarios que mató al gerente de la firma, Jorge O'Connor. "Sabemos de dónde vienen y adónde van" las denuncias, advirtió Morales al tomar el juramento a Villegas. 

 El mandatario ordenó que Ramírez se defienda como lo hizo en 2007 otro ex ejecutivo de YPFB, Manuel Morales, "que quedó sin responsabilidad de tantas acusaciones", según subrayó el presidente.  "Sabemos de dónde venía la plata", señaló también Morales en referencia al monto asaltado, pero ordenó al viceministerio de Justicia que averigüe a quiénes estaba dirigida.

 Las versiones del presunto soborno fueron destacadas en los últimos cuatro días por la prensa local, con base en un reporte de autor desconocido filtrado a los medios tras la captura del grupo que el martes pasado asesinó a O'Connor. 

 Catler Uniservice firmó el año pasado un contrato de 86 millones de dólares para una planta productora de gas y diésel. La compañía opera también en la Argentina, Brasil y la República Dominicana. El crimen, con ribetes de escándalo político, según los medios, involucra hasta el momento no sólo a Ramírez, sino a un senador y a un diputado del partido opositor Podemos, además de una diputada suplente oficialista, que hace tres semanas se casó con el ahora ex presidente de YPFB. 

 El diputado Marco Antonio Córdoba (Podemos) lamentó la situación de dos de sus hermanos, Fernando, abogado de O'Connor, y Ernesto, vinculado a una red de proxenetismo, ambos sindicados por la Policía de haber planificado y ejecutado el asalto. 

 O'Connor era sobrino del senador Carlos Darlach Lema, también de Podemos, que fue presidente de YPFB en la pasada administración. En su defensa, Ramírez afirmó que luego de casarse con la diputada Giovana Navia pidió a su parientes políticos alejarse de YPFB.  El presidente ordenó también una auditoría financiera y legal, para establecer cómo se adjudicaron los contratos y se procedió al desembolso de recursos.

Télam