SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Finalmente el municipio firmó el acuerdo comprometido con la Mesa de Tierras para agilizar la definición de políticas hábitat para la ciudad.
El trabajoso entendimiento evitó la ruptura definitiva del diálogo con las organizaciones que componen la Mesa, que a fin del año pasado cuestionaron en duros términos el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.
Entre los firmantes figuran el intendente Marcelo Cascón, los secretarios de Gobierno, Planeamiento y Desarrollo Social, el IMTVHS y representantes del Deliberante, por parte del municipio.
Por la mesa suscribieron el acuerdo la Fundación Gente Nueva, la junta vecinal Villa Llanquihue, la Asociación Civil Norte Sur, la Pastoral de la Tierra, la Pastoral Social, el CESIT (Universidad del Comahue) y la Asamblea por la Tierra y la Vivienda.
El acta destaca el compromiso de "co-diseño" de las políticas de vivienda, atribución que los directivos del Instituto reservaban con celo para el gobierno.
El plan de trabajo acordado rescata la mayoría de los objetivos enunciados en el primer proyecto de declaración que impulsó la emergencia habitacional.
En primer punto del acta es el diseño de un "mapeo de información municipal" que detalle "la calidad y cantidad de tierra existente en el ámbito público, en sus diferentes jurisdicciones y de la tierra privada posible de afectar para un fin social".
Este trabajo es, en otros términos, el relevamiento prometido por Cascón poco después de asumir la intendencia que se está desarrollando con alguna demora.
Como contrapartida se decidió "cuantificar y cualificar la situación de la población en situación de precariedad habitacional" a fin de "diseñar las políticas específicas para cada grupo de situación".
En busca de recursos
En materia de recursos se buscarán operatorias de crédito y subsidio para el mejoramiento habitacional y la construcción de viviendas, mediante la conformación de grupos asociativos de pequeños constructores.
En este punto se tratará de capitalizar "las experiencias existentes de las organizaciones de la sociedad civil ", para encontrar el camino para financiar las obras de los futuros planes habitacionales.
También se definió la necesidad de conformar fondo para solventar mensuras y gestionar convenios con los organismos que puedan facilitarlas.
Otro aspecto que será eje de las políticas de hábitat es la promoción de la regularización, que ya tiene experiencias avanzadas en algunos barrios de la ciudad. Y la mediación en situaciones conflictivas evitando la "criminalización de la pobreza".
Un aspecto novedoso definido como parte de las futuras políticas de hábitat es la promoción de "normativas que permitan establecer el derecho de participación municipal en la renta urbana diferencial generada por acciones urbanísticas". Este último punto del acuerdo alude a la definición de plusvalías urbanísticas.
Como parte de una política integral se buscará "sensibilizar al conjunto de las sociedad" sobre la "gravedad y urgencia" del déficit habitacional que aqueja a la ciudad y se promoverá la integración de profesionales afines para enriquecer el trabajo.
