NEUQUÉN (AN).- Los enfrentamientos territoriales entre privados y comunidades mapuches se multiplicaron en los últimos meses. Desde Villa Pehuenia, donde los privados denuncian usurpaciones de tierras destinadas a proyectos productivos y exigen "la aplicación de la ley" en contraste con el acuerdo que firmó el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, con las comunidades mapuches para frenar los desalojos e iniciar un relevamiento de tierras; desde la Confederación de Organizaciones Mapuches (COM) advirtieron que no permitirán una ampliación del ejido de la villa a costa de ceder territorio.

Lo que dejaron en claro desde la COM es que no se trata de una posición intransigente y contra todos los habitantes del lugar. "Promovemos la interculturalidad y por eso no podríamos volver atrás con la villa -edificada sobre tierras que reivindican como parte del territorio que tradicionalmente ocuparon los pueblos originarios- y porque creemos que tenemos que construir con la sociedad neuquina. Lo que no vamos a permitir es que se amplíe el ejido sobre tierra mapuche", indicaron Relmu Ñamku y Pety Pichiñán, ambas huerquén de la COM y de las comunidades en conflicto en la localidad.

Tras la reunión con Tobares, el lunes pasado, las comunidades Puel, Catalán, Maliqueo, Plácido Puel, Poi Pucón, Litrán y La Angostura habían logrado avanzar sobre un aspecto clave en los requerimientos: crear una comisión que se encargará de relevar las tierras en conflicto en toda la provincia. Pero fue ese punto el que desató la reacción de entidades intermedias, vecinos y desarrolladores turísticos de Villa Pehuenia, que en una solicitada publicada ayer en los medios criticaron al representante del gobierno por dar respuesta a los reclamos mapuches y comprometerse a frenar los desalojos.

Desde la COM hay temor respecto de lo que llamaron "una ola de violencia creciente", en la que denunciaron presiones de parte de los propietarios de las tierras. "Queremos dejar algo en claro: la ciudad cumplió 20 años y fue hace 20 años que se hizo un negociado con un hermano Puel, a quien le entregaron ocho hectáreas en China Muerta por las tierras de Villa Pehuenia", afirmó Pichiñán respecto del origen, que aseguran "fraudulento", de la disputa por las tierras.

Las exigencias de la COM pasan por el cumplimiento de la ley nacional 21.160, que sancionada en 2006, suspende las acciones judiciales relacionadas con las tierras en conflicto por cuatro años y obliga a un relevamiento para llegar a un punto de encuentro en el reconocimiento de los pueblos originarios. "Luego pedimos que se haga otro relevamiento, que defina los grandes latifundios de la provincia, porque no puede ser que todo el territorio pertenezca a dos o tres empresarios o políticos", indicaron las referentes de la confederación.